Las recientes modificaciones en las retenciones a las exportaciones dispuestas por el gobierno nacional de Javier Milei traerán un alivio directo de US$ 114 millones anuales a productores y empresas santafesinas. Sin embargo, el impacto fiscal para la administración de Maximiliano Pullaro se estima en una mejora de apenas US$ 8 millones anuales por mayor coparticipación. La medida subraya una vez más la desproporción: la provincia de Santa Fe, que en 2022 aportó más de US$ 4.370 millones en concepto de derechos de exportación y contribuye con el 40% del total nacional, sigue viendo una vasta porción de su riqueza productiva drenada hacia las arcas federales sin retorno coparticipable.
El impacto directo en Santa Fe
La reducción de retenciones anunciada por el gobierno nacional de Javier Milei significará que unos US$ 114 millones anuales, que hasta ahora iban directamente al fisco nacional, permanecerán en manos de productores y empresas de la provincia de Santa Fe. Este es el efecto más significativo de la reciente disposición. No obstante, las estimaciones del equipo económico provincial, liderado por el ministro Pablo Olivares, demuestran que esta magnitud de uno o dos puntos de reducción en los derechos de exportación de granos y derivados que salen de la economía santafesina, es insuficiente, lo que explica la persistente demanda de la administración Pullaro por la eliminación total de las retenciones al campo.
La medida nacional implementa bajas parciales en las alícuotas: la soja pasa del 26% al 24%; los subproductos de soja, del 24,5% al 22,5%; el trigo y la cebada, del 9,5% al 7,5%; el maíz y el sorgo, del 9,5% al 8,5%; y el girasol, del 5,5% al 4,5%. Estos impuestos se aplican a economías productivas, contrastando con el sistema de regalías a las provincias mineras o petroleras.
El millonario aporte provincial sin retorno
Aunque no se dispone de un cálculo específico sobre los volúmenes y valores FOB exportables por cada complejo productivo, que permita inferir cuánto es el total que Nación aún recauda en Santa Fe, un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) de 2024 reveló un dato contundente: los productores santafesinos pagaron US$ 4.370 millones en concepto de este impuesto nacional solo en 2022.
La misma entidad expuso en otro informe que los productores de la provincia de Santa Fe contribuyen con el 40% del total de los derechos de exportación que recauda el gobierno nacional. Este recurso, además, no es coparticipable, lo que implica que el dinero sale de los bolsillos privados de la provincia y no retorna ni siquiera parcialmente al fisco santafesino. La BCR había estimado que, bajo el esquema de alícuotas anterior, la recaudación total por Derechos de Exportación (DEX) para soja, trigo, maíz, girasol, cebada y sorgo en 2025 alcanzaría los US$ 8.165 millones a nivel nacional, sin que el Estado central realice inversiones proporcionales en infraestructura para el principal complejo exportador del país.
El reporte, elaborado por Guido D’Angelo y Emilce Terré, permite dimensionar la magnitud del capital que el gobierno central extrae de la principal economía santafesina, un flujo que no solo deja de dinamizar la producción local, sino que debilita su complejo entramado productivo.
El amplio ecosistema afectado
La cadena de valor agroindustrial de Santa Fe es extensa y diversificada. Más allá de los contratistas y los dueños de los campos, el drenaje de estos recursos afecta a un vasto ecosistema que incluye a ingenieros agrónomos, contadores, semilleros, proveedores de insumos, desarrolladores de tecnología para agricultura de precisión, fabricantes de maquinaria agrícola, y hasta los vendedores de «chatas» que sostienen parte del hub industrial automotriz argentino. La repercusión económica se extiende por múltiples sectores.
La visión fiscal y los efectos secundarios
En una perspectiva histórica, el economista Salvador Vitelli calculó que, para mediados de 2024, el gobierno central habrá recaudado un total de US$ 223 mil millones por retenciones de las cadenas agroindustriales desde que Eduardo Duhalde las repuso «provisoriamente» en 2002.
A pesar de las cifras históricas, el impacto fiscal directo para la provincia de Santa Fe con la reciente baja relativa de retenciones es acotado. En la Casa Gris, las estimaciones sugieren que al Estado provincial podrían ingresar otros US$ 8 millones anuales, producto de una mayor coparticipación de tributación interna, principalmente por el Impuesto a las Ganancias y el IVA.
Al respecto, Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), explicó que «la renta que antes era capturada por el Estado nacional, pasa a los productores. Según el modelo que se utilice, parte de esa renta disponible se destina a consumo y a inversión, lo que debería generar nuevos ingresos fiscales por impuestos como Ganancias, IVA y presión tributaria general por ambos destinos del ingreso». Esto, según Argañaraz, «genera una recaudación adicional para los tres niveles de gobierno». Para el gobierno nacional, este aumento de recaudación por Ganancias, considerando la distribución de coparticipación, podría reducir el costo fiscal directo de la medida a US$ 520 millones (equivalente a $ 704.600 millones y al 0,08% del PBI).