El Gobierno nacional oficializó este jueves el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión por 50 años de las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza. La medida, instrumentada a través de la Resolución 1350/2026 y anunciada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, apunta a transferir la administración al sector privado bajo un régimen de acceso abierto y con la exigencia de planes de inversiones obligatorias para renovar la infraestructura.
Concesión a largo plazo y régimen de acceso abierto
El proceso licitatorio abarca una red de 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con conexiones estratégicas hacia los principales puertos del país y con las redes ferroviarias de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Según detalló el Ministerio de Economía, la iniciativa se enmarca en el programa de privatizaciones previsto por la Ley Bases y busca dejar atrás un modelo estatal considerado deficitario.
La concesión se regirá bajo un esquema de acceso abierto que permitirá la participación de múltiples operadores en condiciones objetivas y no discriminatorias. El plazo extendido de 50 años fue diseñado para otorgar previsibilidad jurídica y económica, facilitando la amortización de inversiones de gran escala y largo período de recuperación. Asimismo, aquellos oferentes que comprometan inversiones superiores a los 200 millones de dólares en la renovación de vías podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Diagnóstico oficial y el rol del sector privado
Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) presentaba al inicio de la actual gestión una situación financiera y operativa crítica, caracterizada por pérdidas económicas significativas, un elevado índice de descarrilamientos y un incumplimiento de hasta el 40 por ciento en el mantenimiento programado del parque tractivo.
Para el Palacio de Hacienda, el persistente deterioro de la infraestructura a pesar del incremento en el gasto público demuestra que el sistema ferroviario carecía de los incentivos adecuados. En esa línea, el ministro Caputo sostuvo que el Estado debe replegarse de una función en la que, a su entender, fracasó durante décadas, para dar paso al capital, la experiencia y la asunción de riesgos por parte del sector privado. Mientras los operadores privados gestionarán el servicio, el Estado Nacional conservará las atribuciones de regulación, fiscalización y control.
Obras prioritarias y financiamiento
El pliego licitatorio contempla la ejecución obligatoria de obras durante los primeros cinco años de contrato, además de intervenciones optativas que serán evaluadas durante el proceso de adjudicación. Entre los trabajos previstos se destacan la eliminación de los cuellos de botella ferroviarios en la ciudad de Santa Fe, la recuperación del ramal azucarero de la Línea Belgrano, la rehabilitación de la capacidad operativa y regularidad del corredor principal de la Línea San Martín y la puesta en valor del ramal troncal de la Línea Urquiza.
Como parte del esquema financiero, los pliegos contemplan que los concesionarios puedan adquirir el material rodante correspondiente a cada traza. Los fondos obtenidos por la venta y remate de locomotoras y vagones en desuso se destinarán a un fideicomiso específico destinado a fondear parcialmente las obras obligatorias exigidas en los contratos, permitiendo que los propios activos subutilizados del sistema contribuyan a financiar su modernización para potenciar la competitividad de las exportaciones argentinas.