El Gobierno nacional oficializó este jueves una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida, que impacta directamente en los precios de la nafta y el gasoil, busca moderar el traslado a los surtidores y sostener la actividad económica, estableciendo incrementos para mayo de 2026 y postergando el resto de los ajustes para junio.
Detalles de la modificación tributaria
El Gobierno nacional, mediante el Decreto 302/2026, formalizó este jueves una nueva modificación en el esquema impositivo que rige para los combustibles. La normativa establece cambios específicos en los impuestos sobre los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Según los considerandos oficiales, la decisión busca mantener un «sendero fiscal compatible con el crecimiento económico» y evitar un impacto abrupto en los precios al consumidor.
El esquema tributario actual prevé montos fijos que deben ajustarse trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC. Sin embargo, estas actualizaciones han sido diferidas en repetidas ocasiones durante los últimos años para atenuar su impacto.
Incrementos parciales para mayo
El nuevo decreto introduce un mecanismo intermedio para el presente año. Para el período comprendido entre el 1° y el 31 de mayo de 2026, se aplicarán incrementos parciales en los tributos específicos a los combustibles:
- Nafta sin plomo y nafta virgen: el impuesto aumentará en $ 10,398 por unidad, sumado a un adicional de $ 0,637 correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.
- Gasoil: se aplicarán subas de $ 9,269 en el impuesto a los combustibles líquidos, $ 5,019 en el tratamiento diferencial y $ 1,056 en el gravamen al dióxido de carbono.
Estos valores corresponden a una porción de las actualizaciones acumuladas de períodos anteriores que aún no habían sido trasladadas en su totalidad al esquema impositivo.
El diferimiento de futuras subas
Un punto clave de la medida es la decisión de postergar nuevamente parte de los incrementos tributarios. La normativa modifica los plazos establecidos previamente y traslada al 1° de junio de 2026 la aplicación de los ajustes remanentes.
La postergación, según argumenta el Poder Ejecutivo, responde a la necesidad de «continuar estimulando el crecimiento de la economía» y evitar generar impactos significativos en variables sensibles como la inflación y el consumo.
Contexto y política oficial
El Gobierno ha mantenido una política de incrementos graduales en los impuestos a los combustibles, evitando trasladar de forma inmediata la totalidad de las actualizaciones derivadas de la inflación acumulada desde 2018.
Cabe recordar que estos tributos, establecidos por la Ley 23.966, se determinan mediante montos fijos por unidad de medida que, para mantener su peso real frente a la inflación, deberían actualizarse periódicamente. Sin embargo, en la práctica, su aplicación ha sido escalonada a través de sucesivos decretos presidenciales.
Impacto en los surtidores
Aunque el decreto no fija directamente los precios finales en los surtidores, tiene una influencia indirecta pero relevante en su evolución. Los impuestos constituyen un componente significativo en la estructura de costos de los combustibles, por lo que cualquier modificación tiende a trasladarse, total o parcialmente, al precio que paga el consumidor final.
En el sector energético, se espera que las empresas petroleras evalúen el impacto de estos cambios en conjunto con otras variables clave, como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos.
Analistas de mercado coinciden en que la estrategia oficial busca evitar saltos bruscos en los precios, especialmente en un contexto donde el consumo aún muestra signos de fragilidad. La aplicación escalonada de impuestos se presenta así como una herramienta para gestionar la tensión entre la necesidad de recaudación fiscal y el objetivo de sostener la actividad económica.