La Libertad Avanza (LLA) activó una estrategia parlamentaria en la Cámara de Diputados para postergar el tratamiento de los pedidos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La jugada, que implica girar los proyectos a la Comisión de Asuntos Constitucionales para la próxima semana, busca desarticular una sesión especial opositora prevista para este martes y despejar el recinto el miércoles, facilitando la aprobación de proyectos económicos clave como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Súper RIGI) y un acuerdo con holdouts.
Estrategia de doble efecto en Diputados
El oficialismo en Diputados puso en marcha una maniobra de doble filo: por un lado, encauzar formalmente los proyectos de resolución que apuntan contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito; por el otro, desactivar la sesión especial que la oposición había solicitado para este martes con el objetivo de debatir la interpelación y una eventual moción de censura.
Esta estrategia se materializó con la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales para la semana venidera, donde se discutirán seis proyectos de resolución impulsados por diversos bloques opositores. Estos van desde pedidos de informes verbales hasta iniciativas que buscan activar el mecanismo constitucional para la remoción del ministro coordinador.
La decisión de La Libertad Avanza no es inocente. Al enviar el expediente a comisión, el oficialismo busca restarle sentido a la sesión especial solicitada por bancadas como Unión por la Patria, Provincias Unidas, la izquierda, la Coalición Cívica y monobloques. En la práctica, esta acción ofrece a los legisladores del PRO y la UCR un argumento para no sumarse este martes a la iniciativa del kirchnerismo y la izquierda, a pesar de que varios de sus referentes también han expresado críticas y reclamos de explicaciones sobre la situación patrimonial de Adorni.
La movida, articulada durante el fin de semana por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en diálogo con referentes dialoguistas del PRO, UCR y otros bloques aliados –como Cristian Ritondo, Pamela Verasay y Karina Banfi–, apunta a ganar tiempo y consolidar respaldos. La oposición necesita 129 diputados para lograr el quórum y abrir el recinto; sin el apoyo de los bloques «dialoguistas», el número es inalcanzable. Desde el PRO y la UCR, la lectura es cautelosa: si bien Adorni debe rendir cuentas, la definición sobre su continuidad debería recaer en el presidente Javier Milei o tramitarse por vías institucionales más lentas. Al girar el tema a comisión, el oficialismo dilata el conflicto y lo convierte en un debate procedimental.
Por su parte, Germán Martínez, jefe del bloque peronista, calificó la decisión como «una maniobra dilatatoria para encubrir» al jefe de Gabinete. No obstante, la oposición más dura podría sostener la sesión de este martes, aun sin quórum, para dejar discursos en minoría y visibilizar a los bloques que no desciendan al recinto.
El camino del miércoles: agenda prioritaria del Gobierno
La segunda parte de la estrategia oficialista se enfoca en el miércoles, día en que el Gobierno busca que la Cámara de Diputados sesione para tratar dos proyectos considerados prioritarios para su gestión económica: el acuerdo de conciliación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, y la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido políticamente como Súper RIGI.
El acuerdo con los bonistas, que ya cuenta con media sanción del Senado, autoriza un pago de aproximadamente 171 millones de dólares a acreedores que no ingresaron a los acuerdos previos con holdouts. Este proyecto tiene una fecha límite crucial: debe sancionarse antes del 30 de junio para evitar complicaciones con un fallo de la Justicia de Estados Unidos.
El Súper RIGI, por su parte, es una pieza central del programa económico del presidente Javier Milei, diseñado para captar inversiones de al menos 1.000 millones de dólares en nuevas industrias. Entre sus beneficios, figuran una alícuota reducida del 15% en Ganancias, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos después de cuatro años, este último un punto que algunos bloques aliados han solicitado revisar.
Para la Casa Rosada, estos dos expedientes no pueden verse afectados por la crisis que atraviesa Manuel Adorni. La decisión de mover el caso del jefe de Gabinete a comisión funciona, entonces, como una «limpieza táctica» del recinto: el martes para evitar el quórum opositor y el miércoles para que el oficialismo pueda intentar aprobar su agenda.
La sombra del Senado y el debate reglamentario
La maniobra parlamentaria también busca enviar una señal a la Cámara alta. En el Senado, la discusión sobre la interpelación a Manuel Adorni adquirió otro ritmo luego de que en Labor Parlamentaria se instalara la interpretación de que este mecanismo podría aprobarse por mayoría absoluta del cuerpo, sin necesidad de un dictamen previo ni de los dos tercios que usualmente se exigen para tratar proyectos sobre tablas.
Esta lectura reglamentaria inquietó a la Casa Rosada. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, había aceptado inicialmente la posibilidad de avanzar con una interpelación para el 2 de julio, aunque luego intentó aclarar que se requerirían mayorías especiales. El debate reglamentario quedó abierto y amenaza con trasladarse a Diputados si la oposición lograra abrir la sesión.
Por esta razón, Martín Menem intenta recorrer el camino inverso en la Cámara baja: enviar el tema a comisión, propiciar un debate procedimental, considerar la convocatoria de especialistas y establecer plazos más extensos. En este esquema, la moción de censura quedaría lejos de una definición inmediata.
Cabe recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 101, habilita la remoción del jefe de Gabinete por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Sin embargo, dado que los proyectos opositores no cuentan con dictamen de comisión, cualquier tratamiento directo sobre tablas en Diputados exigiría el apoyo de dos tercios de los legisladores presentes, un número que, hoy por hoy, parece inalcanzable para la oposición.