La Provincia de Santa Fe adhirió por unanimidad en la Cámara alta a la Ley Nacional de Crimen Organizado N° 27.786, una medida que busca endurecer las sanciones contra las organizaciones delictivas y brindar nuevas herramientas para su persecución. El gobernador Maximiliano Pullaro, quien participó como expositor en las comisiones del Congreso, respaldó fuertemente la norma y sostuvo que «el garantismo le hizo mucho daño al país».
Santa Fe formalizó así su adhesión a la normativa nacional, una iniciativa que, a diferencia de la media sanción obtenida en Diputados, logró el respaldo unánime de los senadores provinciales. La denominada «Ley Antimafias» fue apoyada con declaraciones a la prensa por el gobernador Pullaro, consolidando una postura firme del Ejecutivo frente al crimen organizado.
Respaldo Unánime y la Competencia Provincial
La forma en que la Provincia se suma a esta ley deja a salvo la competencia de los tribunales santafesinos para entender en estas causas, aunque se habilita la posibilidad de efectuar labores coordinadas con el Poder Judicial de la Nación y también entre los fiscales de ambas jurisdicciones. Los senadores aprobaron la ley con discursos que destacaron el cambio de paradigma que se espera produzcan esta y otras normas en la lucha contra el delito. El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, explicó que el consenso se logró gracias a la búsqueda constante de diálogo en la Cámara, justificando así el tiempo de estudio en comisiones que tuvo el proyecto.
Críticas al «Garantismo» y Nuevas Herramientas
Los legisladores del oficialismo, entre ellos Michlig, señalaron a la corriente del «garantismo» como la contracara de los objetivos que ahora se buscan asegurar. En ese sentido, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo Borla, destacó que la nueva normativa permite, entre otras novedades, habilitar los «allanamientos exprés» y facilitar los decomisos, herramientas fundamentales para dañar las bases económicas de las organizaciones criminales. Por su parte, el senador Joaquín Gramajo (Unite-Unidos-9 de Julio) advirtió a los jueces que «no son garantistas, sino que se abusan de la garantía» a la defensa, exigiendo una interpretación exegética de la ley.
Impulso Legislativo y Aportes del Ejecutivo
Durante la sesión, la Cámara autorizó a hablar a la diputada Ximena Sola, autora de la iniciativa, quien puso el acento en la unanimidad alcanzada en el Senado, contrastándola con las fuertes diferencias entre oficialismo y oposición en la votación previa en Diputados. La media sanción de los diputados se había producido en julio del año pasado, poco después de que la ley nacional fuera impulsada por un mensaje del Poder Ejecutivo Nacional, con el decidido apoyo del gobernador Pullaro cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad. Sola subrayó que, con «decisión política es posible atacar a las mafias», y destacó que la ley nacional incluye «todos los aportes» que, en las comisiones del Congreso de la Nación, fueron formulados por el gobernador Pullaro junto al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. La diputada fue aplaudida al afirmar que «no es una norma autoritaria».
El Mensaje de la Casa Gris: Ataque Integral al Crimen Organizado
Un parte de prensa oficial de la Casa Gris subrayó que, para el gobernador Pullaro y el ministro Cococcioni, esta iniciativa representa «una señal clara, un nuevo avance en una política sostenida para enfrentar a las organizaciones criminales, y se posiciona como una de las herramientas más firmes impulsadas en este sentido». El comunicado enfatizó que «la adhesión de Santa Fe es una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas». La visión del Ejecutivo provincial reitera que «el garantismo le hizo mucho daño al país». Entre los principales alcances de la ley se destacan la profundización del uso de técnicas especiales de investigación, el fortalecimiento de la cooperación interjurisdiccional y la posibilidad de avanzar sobre los bienes y recursos económicos de las organizaciones criminales. De esta manera, Santa Fe busca consolidar un esquema de intervención integral que permita atacar todas las dimensiones del delito organizado, desde su planificación hasta su financiamiento.