La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani, afirmó que la provincia registra un alto nivel de identificaciones de los responsables de amenazas en escuelas, pero reconoció que esta eficacia aún no logra frenar o «desacelerar» las intimidaciones. Según la funcionaria, este es un fenómeno que se vincula directamente con los «retos» que circulan a través de las redes sociales.
El Cobro por Daños y la Justificación Penal
El gobierno provincial de Santa Fe ha comenzado a implementar la resolución ministerial que instrumenta el cobro de un resarcimiento económico por las pintadas y amenazas en los establecimientos educativos. En diálogo con El Litoral, Georgina Orciani explicó que la medida busca «devolverle al Estado lo que el Estado erogó para poder cuidar a todos los santafesinos». La funcionaria enfatizó que se trata de un delito de «intimidación pública» y no de un juego o broma. «Esto tiene un costo, tiene una consecuencia económica. Y como sabemos, todos los argentinos reaccionamos y repensamos nuestro accionar cuando lo que nos duele es el bolsillo», sostuvo, aludiendo a la estrategia de recuperación de recursos invertidos en operativos de seguridad.
Desafíos en la Investigación y Nuevas Modalidades de Amenaza
La identificación de los responsables de estas amenazas presenta distintos escenarios. Mientras que en algunos casos los autores terminan expresando el hecho por diversos mecanismos, en otros se requiere una actividad investigativa «más profunda». Orciani señaló que este es un fenómeno que trasciende las fronteras provinciales, reflejándose en todo el país. «Son nuevas formas de cometer un delito; antes, lo normal era el llamado de amenaza de bomba y se podía rastrear rápidamente de dónde provenía. Hoy la situación es más compleja», detalló. Las intimidaciones se manifiestan a través de pintadas, correos electrónicos o mensajes, lo que exige «tareas investigativas divergentes» para cada modalidad.
Alto Nivel de Identificaciones y Datos Concretos
Desde el 16 al 21 de abril, el Ministerio de Seguridad contabilizó 158 intervenciones relacionadas con amenazas, registrando un «alto nivel de identificación» de los responsables. Como ejemplo, la secretaria precisó que de las 78 llamadas de amenaza registradas el último martes en toda la provincia (37 en la zona sur y 41 en la zona norte), se lograron esclarecer 20 casos. Orciani destacó que los niveles de investigación son «muy altos y rápidos», lo que permite avanzar en el recupero del dinero invertido en los operativos, resguardar el patrimonio del estado (edificios escolares) y, fundamentalmente, «desacelerar y desalentar los llamados» de intimidación.
Perfil de los Responsables y Consecuencias Legales y Educativas
En la mayoría de los casos de responsables identificados, se confirmó que son alumnos que concurren a las propias instituciones que intentaron amedrentar. Respecto a las amenazas por correo electrónico en la Universidad Católica, ocurridas también el pasado martes, Orciani informó que el hecho se encuentra en plena tarea investigativa para identificar el origen del mensaje. Además del resarcimiento económico, la funcionaria aclaró que, aunque las sanciones en el ámbito educativo corresponden al Ministerio de Educación, el alumno menor punible «termina con una causa penal y el registro en su legajo», ya que no es una cuestión meramente administrativa.
Persistencia del Fenómeno y Estrategia Integral
A pesar de las medidas implementadas, las amenazas continúan multiplicándose. Orciani atribuyó esta persistencia al «fervor de las redes sociales y la factibilidad de la viralización». Subrayó la necesidad de ser «muy consecuentes en el mensaje y darle tiempo» al protocolo, que fue anunciado el viernes y se materializó el martes. La secretaria estimó que el verdadero efecto se comenzará a ver cuando llegue la primera notificación de cobro del resarcimiento. Sin embargo, enfatizó la importancia de un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación que incluya el diálogo, ya que el problema «no se puede resolver solamente desde lo coercitivo o lo sancionatorio». Insistió en que, si bien el nivel de esclarecimiento es alto, aún no se logra con este nivel de identificaciones «desacelerar los llamados», reiterando que es un fenómeno ligado a los retos en las redes sociales.