El juez federal Aldo Alurralde, con asiento en el norte provincial, fijó su posición a favor de una reforma del Régimen Penal Juvenil, argumentando que la legislación actual ha quedado obsoleta. El magistrado destacó que Argentina y Cuba son los únicos países donde la edad de imputabilidad se mantiene en 16 años, a diferencia de gran parte de Europa y la región, donde desciende a los 14. Alurralde respaldó las recientes declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro y puso el foco en la necesidad de proteger a las víctimas.
Reforma del Régimen Penal Juvenil: una legislación obsoleta
Aldo Alurralde se pronunció a favor de abrir una discusión «profunda y necesaria» sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil en Argentina. El magistrado federal consideró que la legislación vigente «ha quedado obsoleta» frente a la realidad actual y manifestó su coincidencia con las recientes declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respecto a la gravedad de ciertos delitos.
Consultado sobre la frase del mandatario provincial –»un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor»–, Alurralde sostuvo que el actual régimen, establecido por la Ley 22.278, no ha acompañado la evolución del derecho ni los cambios sociales de las últimas décadas.
Contradicción con la autonomía progresiva y el contexto internacional
El juez Alurralde explicó que el régimen penal juvenil es «antiguo» y no ha seguido la corriente posterior del derecho, como el principio de autonomía progresiva, actualmente incorporado en el Código Civil y Comercial. En este sentido, remarcó la contradicción que surge al reconocer a personas de 16 años derechos como el voto joven o la capacidad de tomar decisiones sobre su identidad de género, mientras el sistema penal los considera inimputables.
El magistrado enfatizó que es «imprescindible» plantear reformas, aunque aclaró que la edad de imputabilidad deberá ser definida por el Congreso. «No sé si será a los 13, 14 o 15 años, eso lo va a decidir el legislador, pero la discusión es necesaria», afirmó. Alurralde subrayó que Argentina y Cuba son hoy los únicos países de América que mantienen la edad de imputabilidad en 16 años, mientras que en gran parte de la región y en Europa se fija en 14 años, e incluso es inferior en algunos estados de Estados Unidos para ciertos delitos.
Protección de víctimas y distinción de delitos graves
El juez fue categórico al diferenciar los delitos menores de los de mayor gravedad, coincidiendo nuevamente con el gobernador Pullaro. «No se trata de responsabilizar penalmente a un menor por delitos menores, donde existen penas alternativas como programas educativos o tareas comunitarias», aclaró Alurralde, «sino de los casos graves: homicidios, violencia extrema, lesiones permanentes o situaciones con antecedentes reiterados».
En este contexto, el magistrado planteó la imperiosa necesidad de proteger a la sociedad y, especialmente, a las víctimas. Cuestionó el mensaje que se transmite cuando «hechos de extrema gravedad quedan sin una respuesta adecuada del sistema penal». «¿Qué le explicamos a las víctimas que perdieron a un ser querido y vieron truncado su proyecto de vida?», interpeló.
Un abordaje integral: responsabilidad y políticas de Estado
No obstante, Alurralde aclaró que el encierro por sí solo «no resuelve el problema de fondo». «Debe existir un régimen penal juvenil que combine responsabilidad penal con políticas de Estado integrales, como asistencia social, inserción laboral y tratamiento terapéutico», afirmó el juez. Recalcó que «el encierro sin un abordaje integral no soluciona la raíz del problema».
Lucha contra el narcotráfico y articulación judicial
En otro tramo de la entrevista, el juez Alurralde también abordó la lucha contra el narcotráfico, haciendo referencia a una reunión que mantuvo en enero con el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Franco Carbone. Este encuentro se enmarcó en el trabajo conjunto entre la justicia federal y provincial de Santa Fe.
La articulación entre el microtráfico y macrotráfico de drogas, así como la conformación de equipos conjuntos de investigación entre fiscalías federales y provinciales, fueron los ejes de la reunión. «El delito no se toma vacaciones, por eso seguimos trabajando aun en feria», señaló Alurralde.
Refuerzo en el microtráfico del norte provincial
Alurralde valoró positivamente la designación del fiscal Sebastián Galeano para estar a cargo del microtráfico en el norte provincial. Indicó que la centralización de decisiones en otras ciudades había representado una debilidad del sistema de justicia. «No todas las realidades del narcotráfico son iguales; el norte, el centro y el sur de la provincia tienen problemáticas distintas», argumentó, destacando la importancia de una mirada territorializada.
Colaboración interjurisdiccional contra el enemigo común
Finalmente, el juez Aldo Alurralde remarcó la necesidad de señalar las falencias del sistema sin caer en especulaciones. «También se miente cuando uno no dice lo que piensa», sentenció. Concluyó enfatizando: «Nos une un enemigo común, que es el narcotráfico, y tenemos que trabajar de manera articulada, tanto desde el sistema federal como provincial».