El plenario de comisiones en la Cámara de Diputados llevó a cabo su segunda jornada informativa sobre el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), una de las propuestas clave de la Ley Bases que busca atraer capitales a nuevas industrias. Mientras referentes de los sectores de hidrocarburos, minería y energía expusieron los beneficios esperados del esquema, la sesión estuvo marcada por fuertes objeciones de la oposición, que cuestionó el proyecto en sí mismo, el sesgo en la agenda de invitados y el presunto intento del Gobierno por acelerar su aprobación.
Inicio del Debate y Posiciones Enfrentadas
La segunda reunión informativa, que nucleó a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, dio inicio en el Anexo C de la Cámara baja. Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, explicó que el objetivo era escuchar a representantes con experiencia en el RIGI aprobado el año pasado, buscando sentar un precedente positivo para la nueva versión ampliada, conocida como «Súper RIGI». Sin embargo, antes de la llegada de los expositores, el diputado santafesino Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), manifestó su disconformidad, pidiendo claridad sobre el rumbo de las futuras reuniones y la posibilidad de sugerir oradores para enriquecer el debate.
El Respaldo del Sector Empresario: Vaca Muerta como Argumento Central
Carlos Ormachea, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, fue el primer expositor y un ferviente defensor del RIGI, citando a Vaca Muerta como caso testigo del éxito del régimen. Ormachea enfatizó el carácter exportador de la industria, afirmando que limitar su explotación al mercado interno «no tiene sentido económico». Destacó que la Ley Bases contribuyó a acelerar proyectos, llevando la inversión anual del sector de 5.000-6.000 millones de dólares a 10.000-12.000 millones. Además, señaló una mejora significativa en la balanza comercial energética, pasando de un déficit de 6.000 millones de dólares en 2022 a un superávit de 7.600 millones el año pasado, con proyecciones de alcanzar los 10.000 millones este año.
Posteriormente, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, compartió una visión similar a la del sector hidrocarburífero. Por su parte, Esteban Gramblica, asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, subrayó la idea de oportunidad: «los recursos nos aportan positivamente como país en la medida en que se transforman en producción, empleo e infraestructura». Gramblica proyectó exportaciones energéticas de unos 30.000 millones de dólares para 2030 e inversiones anuales de entre 11.000 y 15.000 millones de dólares hacia 2027, estimando que la actividad energética ya reúne proyectos por más de 78.000 millones de dólares en el marco del RIGI.
Críticas de la Oposición: Encadenamientos Productivos y Costo Fiscal
Los momentos de preguntas y objeciones de los legisladores opositores generaron tensión en el plenario. Itai Hagman (UxP) cuestionó que el problema no era demostrar que el RIGI atrae inversión, sino «de qué manera se encadena» ese proceso con la economía real, el empleo, la ciencia y la tecnología. También advirtió sobre una posible discrecionalidad del Ejecutivo para definir «ganadores y perdedores» debido a la amplitud del «Súper RIGI».
Julia Strada (UxP) fue más directa, criticando la selección de invitados: «¿Por qué convocamos a representantes de cámaras de hidrocarburos y minería cuyos empresarios integrantes presentaron proyectos en el marco del RIGI y les ha ido muy bien?». Recordó que en el Senado se negoció un piso del 20% en proveedores locales, el cual la reglamentación acotó, y preguntó qué ocurriría con la «contratación de trabajo argentino» y empresas locales en este nuevo régimen. Ormachea respondió citando el caso de Fortín de Piedra, donde «1047 empresas argentinas de 15 provincias diferentes» trabajaron.
La diputada rionegrina Adriana Serquis (UxP) cuestionó que los fundamentos del proyecto mencionen inteligencia artificial o biotecnología avanzada, pero el articulado no incluya obligaciones de transferencia tecnológica o compre nacional. Graciela De la Rosa (UxP), de Formosa, contrastó los beneficios para grandes empresas con la situación de pymes e industrias existentes que «están para abajo», y exigió una estimación del costo fiscal y los gastos tributarios del RIGI.
La Defensa Oficialista y el Debate por el Costo Fiscal
La defensa oficialista llegó de la mano de Silvana Giudici (La Libertad Avanza), quien criticó a la oposición por «mezclar tanto las cosas» y sostuvo que el «Súper RIGI» busca posicionar a la Argentina «en el radar de las grandes inversiones del mundo». Respecto a los pedidos de costo fiscal, Giudici replicó con el argumento oficial: «¿Costo fiscal de qué? Si eso no existe hoy en la Argentina, es cero el costo fiscal porque no existe», sugiriendo que las inversiones son adicionales y no restan a un fondo preexistente.
Disputa por la Oficina de Presupuesto del Congreso
Antes de profundizar en el «Súper RIGI», se desató una disputa política en torno a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El diputado Germán Martínez (UxP) alertó sobre una «avanzada» contra el organismo, que afecta su funcionamiento operativo, justo cuando el debate del régimen requiere información precisa sobre «gasto tributario y costo fiscal». Benegas Lynch desestimó el vínculo con el tratamiento del proyecto, defendiendo las auditorías como un «proceso sano» y justificando la agenda del día. Daiana Fernández Molero (PRO) respaldó esta línea, asegurando que la OPC no estaba intervenida «de facto» y que sus informes seguían saliendo. No obstante, Carlos Castagneto (UxP) replicó que el bloque había solicitado la presencia del director general de la oficina para explicar su plan anual antes de avanzar con resoluciones que, a su juicio, fueron tomadas sin información suficiente.