El Poder Ejecutivo de Santa Fe envió a la Legislatura el proyecto para la sanción de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de modernizar el régimen vigente, adecuarlo a las necesidades actuales y consolidar un modelo de justicia más accesible, ágil, transparente y eficaz. La iniciativa, que tendrá a la Cámara de Senadores como cuerpo iniciador del debate, busca incorporar la oralidad y las herramientas digitales de manera formal al proceso judicial santafesino.
Un reclamo de larga data y antecedentes fallidos
La iniciativa llega al Parlamento provincial tras un extenso debate en cátedras y comisiones coordinado por el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. El texto actual data de 1961 y, a pesar de haber recibido modificaciones parciales a lo largo de las décadas, quedó desactualizado frente a las transformaciones sociales y la sanción, en 2015, de un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
No es el primer intento de reforma integral en la provincia. Ya en 2019 el Ejecutivo había enviado un mensaje con el mismo propósito, el cual incluyó audiencias públicas pero no logró la sanción legislativa. El nuevo proyecto lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y se compone de un articulado breve que remite a un anexo central de 237 artículos.
Los siete ejes de la reforma procesal
Para la confección del proyecto, el gobierno provincial partió de la premisa de que el proceso judicial debe constituir una herramienta al servicio de la tutela judicial efectiva, garantizando que los conflictos se resuelvan en un tiempo razonable. En este sentido, la propuesta legislativa se estructura en torno a siete aspectos centrales.
El primero de ellos plantea un cambio fundamental en la concepción del proceso, al abandonar la lógica formalista de los códigos tradicionales para priorizar la gestión del conflicto y la obtención de una respuesta judicial oportuna. A esto se suma la consolidación normativa de la oralidad y la integración de la gestión digital para adecuar los trámites a la realidad del siglo XXI.
Asimismo, el proyecto introduce mejoras sustanciales en la producción y valoración de la prueba, simplifica la estructura procesal y optimiza la ejecución de las decisiones judiciales. Con estas modificaciones, la administración provincial apunta a mejorar la experiencia de los ciudadanos ante la justicia, reduciendo demoras, aportando previsibilidad a las etapas procesales y fortaleciendo la seguridad jurídica en todo el territorio santafesino.