El gobierno de la provincia de Santa Fe autorizó el pago de casi 780 millones de pesos a una empresa privada de transporte para garantizar el traslado diario de efectivos policiales y agentes del servicio penitenciario desde sus lugares de residencia hasta sus destinos laborales, una problemática estructural derivada del desarraigo y la falta de postulantes en las grandes ciudades.
Los decretos provinciales
La erogación fue oficializada a través de tres decretos consecutivos firmados el pasado 10 de noviembre por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto con los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares. Las medidas están destinadas a cubrir los servicios prestados por la empresa de transporte Laguna Paiva.
El decreto N° 2400 reconoce un gasto de 76.815.000 pesos correspondiente al traslado de personal penitenciario fuera de contrato durante febrero, por la ampliación de un servicio que conectó la Unidad Penitenciaria N° 2 con los penales N° 11, N° 5 y N° 1. En tanto, el decreto N° 2401 autoriza una suma idéntica, también por 76.815.000 pesos, bajo el mismo concepto para cubrir los trayectos del personal penitenciario durante el mes de marzo.
Por su parte, el decreto N° 2402 ordena el desembolso de 625.984.150 pesos a la misma firma prestataria. En este caso, los fondos corresponden a la ampliación de servicios fuera de contrato realizados durante agosto para el traslado de personal policial desde las ciudades de Santa Fe, Rosario y Vera. De este modo, la suma total acumulada por las tres normativas alcanza los 779.614.150 pesos.
El impacto del desarraigo y la escasez de agentes
Este esquema de traslados millonarios pone de relieve una problemática recurrente en el Ministerio de Seguridad santafesino: la marcada renuencia de los jóvenes oriundos de los grandes centros urbanos, fundamentalmente Santa Fe y Rosario, para inscribirse y cursar las carreras policial y penitenciaria cada vez que se abre una convocatoria oficial.
Como contrapartida, la mayor parte de los aspirantes que responden a estos llamados provienen de localidades del norte santafesino. Este fenómeno genera profundos problemas de desarraigo una vez que los efectivos egresan e ingresan a la prestación efectiva del servicio en las grandes urbes, lo que impacta de manera directa en el bienestar emocional de los agentes.
Si bien la actual gestión provincial ha puesto en marcha diversas medidas e incentivos económicos orientados a persuadir a rosarinos y santafesinos para que se sumen a las fuerzas de seguridad, las autoridades se ven en la necesidad de sostener presupuestariamente los traslados diarios del personal en funciones a través de empresas privadas mientras persisten las dificultades estructurales de radicación.