La diputada provincial Gisel Mahmud presentó en la Legislatura de Santa Fe un proyecto de Código de Protección de Consumidores y Usuarios, una iniciativa clave que busca brindar acompañamiento estatal, ordenar las crecientes deudas familiares y fortalecer los derechos de los santafesinos frente a un alarmante escenario de sobreendeudamiento. La propuesta emerge en un contexto de crisis económica y pérdida del poder adquisitivo, que ha encendido una alerta en los hogares de la provincia.
El sobreendeudamiento como problema social en Santa Fe
La crisis económica y la consecuente pérdida del poder adquisitivo han provocado un aumento significativo del endeudamiento en los hogares santafesinos. Según la diputada Gisel Mahmud, un informe elaborado por el Centro de Estudios DEMOS reveló que «seis de cada 10 santafesinos hoy están involucrados en alguna toma de deuda». La legisladora enfatizó que gran parte de estas obligaciones financieras no se destinan a proyectos de crecimiento personal o familiar, sino que son utilizadas para cubrir gastos básicos y cotidianos. «La mayoría de esos créditos tienen que ver con las tarjetas para poder pagar el consumo del día a día, con un préstamo personal para poder sobrellevar la cotidiana», explicó. En este sentido, el endeudamiento, que históricamente fue una herramienta de planificación, se ha transformado en un mecanismo de supervivencia ante la insuficiencia de ingresos.
El proyecto: saneamiento de deudas y acompañamiento estatal
Frente a este complejo panorama, el proyecto del Código de Protección de Consumidores y Usuarios busca generar nuevas herramientas estatales para asistir a las familias. Mahmud detalló que el concepto de sobreendeudamiento implica una situación en la que, aun cumpliendo con todas las obligaciones financieras, una persona carece de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. «Aunque pagara todas las deudas, me quedaría absolutamente sin los recursos necesarios para poder seguir viviendo con lo esencial», precisó la diputada.
La iniciativa propone la creación de mecanismos de saneamiento de deudas que permitan a las familias acceder a un espacio estatal de asesoramiento profesional. La idea central es que las personas puedan presentar su situación patrimonial y negociar de manera conjunta con todos sus acreedores. «Que vos puedas contar cuáles son todas las deudas que tenés y que se convoque a todos los acreedores al mismo tiempo para renegociar con la colaboración de un abogado profesional y del Estado ayudando que esa familia pueda resolver su situación», explicó Mahmud. El objetivo es evitar que cada deudor negocie por separado con bancos, tarjetas de crédito y empresas de servicios, una dinámica que puede incrementar intereses y profundizar el ciclo de deuda.
Equidad en la gestión de crisis: el ejemplo corporativo
Gisel Mahmud trazó un paralelismo entre la situación de las familias sobreendeudadas y los mecanismos existentes para las empresas que no pueden afrontar sus compromisos financieros. «Van a un concurso, se ponen de acuerdo en cómo las van a pagar y si no lo pueden hacer, van a la quiebra. Pero cuando hablamos de una persona individual o una familia, las herramientas no son tan claras», señaló. Por ello, el Código busca establecer procedimientos claros de conciliación y negociación de deudas, con el acompañamiento profesional de especialistas en defensa de consumidores y usuarios desde el Estado provincial. La legisladora subrayó la urgencia de estas medidas: «Estamos hablando de gente que se endeuda para pagar comida».
Educación financiera y desafíos del consumo digital
El proyecto también incorpora la educación financiera como una herramienta preventiva fundamental. Si bien Mahmud reconoció que en algunos casos puede existir una falta de planificación individual, enfatizó que el fenómeno del endeudamiento tiene causas estructurales más profundas. «Este problema tiene muchas causas y muchas de ellas tienen que ver con el andarivel de la economía argentina, con las decisiones que se toman en los gobiernos, con las políticas salariales, con un montón de causas», indicó. En esta línea, recordó que la Cámara de Diputados ya avanzó con una ley de educación financiera, destacando la importancia de generar herramientas para que los ciudadanos tomen mejores decisiones económicas.
Además, la iniciativa busca actualizar la protección de los consumidores ante los cambios en las formas de adquirir bienes y contratar servicios, especialmente en el entorno digital. La diputada advirtió sobre la facilidad para contratar servicios en línea y la posterior dificultad para cancelarlos o realizar reclamos. «Hoy lo hacemos casi todo a través de la pantalla del celular, casi todo a través de un click, es muy fácil contratar un servicio y sin embargo para darte de baja das vueltas en internet y en llamados de teléfono y en oficinas para ver cómo hacerlo y no lo puedes encontrar», afirmó. Por ello, el Código contempla mayores controles estatales sobre prácticas abusivas de empresas de servicios, telefonía y otros sectores.
Santa Fe saldará una «deuda» legislativa histórica
Gisel Mahmud hizo hincapié en la «deuda pendiente» que Santa Fe tiene en materia de legislación propia para la defensa de consumidores y usuarios. «Desde el 90 que se sancionó la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de Argentina nunca se dio su norma propia de implementación, nunca dictó la norma que diga cómo vamos a protegerlos en la provincia de Santa Fe», sostuvo. Según la diputada, Santa Fe es la única provincia argentina que aún carece de una normativa de estas características, y el objetivo es que esta Legislatura pueda avanzar en su sanción, brindando un marco de acompañamiento vital para los ciudadanos.
Mahmud también vinculó la situación de las familias con las decisiones financieras de los propios Estados, criticando el endeudamiento para gastos corrientes. «En vez de endeudarse, como lo podía hacer antes para comprar una vivienda, en vez de que sea una escalera para el progreso, está siendo un salvavidas para la cotidiana y para el presente», concluyó. El proyecto de Código de Protección de Consumidores y Usuarios iniciará ahora su recorrido legislativo, con la expectativa de ser debatido en los próximos meses, impulsado por el bloque socialista como una respuesta institucional a un fenómeno que afecta a un número creciente de hogares santafesinos.