El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunió con dirigentes de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) para analizar el impacto de las políticas económicas nacionales sobre el entramado productivo de la provincia. El encuentro abordó la crítica situación que atraviesa el sector manufacturero santafesino, afectada por la apertura de importaciones y una significativa caída del poder adquisitivo que ha derrumbado el consumo.
Un encuentro clave en Casa de Gobierno
El cónclave, convocado por el mandatario provincial, tuvo lugar el jueves por la noche en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Pullaro estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Economía, Trabajo y Producción, en un claro respaldo a la mesa de diálogo. Durante la reunión, se repasaron los diversos desafíos que enfrentan las empresas manufactureras de Santa Fe. Los dirigentes de FISFE expusieron que, en algunos sectores clave como el metalúrgico, la actividad se desarrolla muy por debajo de sus posibilidades.
Preocupación y búsqueda de soluciones provinciales
Uno de los participantes del encuentro expresó la profunda inquietud: «Estamos todos muy preocupados por lo que está pasando con la industria. La idea es juntarnos todos los actores de Santa Fe para ver de qué manera atemperamos las consecuencias de las políticas nacionales con las herramientas que tiene la provincia». Añadió que se acordó «seguir trabajando» y que «probablemente la semana que viene volvamos a encontrarnos incorporando a más actores» del sector productivo santafesino.
Desde la Federación Industrial de Santa Fe destacaron la predisposición del gobierno provincial para atender las distintas situaciones. Asimismo, valoraron el conocimiento profundo que posee la provincia sobre el entramado de pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales, lo que permite comprender mejor el impacto del desarrollo fabril en el interior y el crecimiento de ciudades y pueblos.
Radiografía de la caída industrial
Un informe elaborado por FISFE revela la magnitud de la crisis. Tras un primer semestre de recuperación, principalmente por el bajo nivel de comparación con el año anterior, la industria santafesina acumuló, desde julio, cinco retracciones interanuales consecutivas. El mes de noviembre de 2025 marcó el peor registro del año, con una caída del 5,4% respecto al mismo mes de 2024. Este panorama se complejiza al considerar que el 75% del total de ramas industriales de Santa Fe presentó una caída interanual en su nivel de producción.
Impacto en el empleo manufacturero
La crisis en la industria manufacturera ha comenzado a reflejarse directamente en el mercado laboral. De acuerdo con información del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, el año 2026 inició en la provincia con un registro de 3.936 trabajadores suspendidos. Esta cifra abarca 44 empresas, de las cuales 7 se ubican en el centro-norte provincial y el resto en el centro-sur. Es significativo que 26 de estas empresas, casi el 60%, pertenecen al sector industrial metalúrgico, seguido por 8 empresas del rubro de vigilancia privada acogidas a procesos de suspensión.
El biodiésel, con un futuro incierto en Europa
Las malas noticias para la actividad manufacturera y exportadora de Santa Fe no cesan. Este viernes, un comunicado conjunto de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) alertó sobre la decisión de Europa de dejar de importar biodiésel de soja o aceite de soja. Esta medida podría significar una pérdida de 350 millones de dólares anuales para el país.
Según detallaron CIARA-CEC, la Comisión Europea publicó un documento que modifica los criterios relacionados con el riesgo de ILUC (cambio indirecto de uso del suelo). Como resultado de un estudio y consulta, la CE concluye que la soja ingresa, por primera vez, en la categoría de alto riesgo ILUC, al mismo nivel que el aceite de palma. Esto implica que la Unión Europea no importará más biodiésel de soja ni aceite de soja para su producción. El único aceite autorizado será el de colza, producido en la propia UE.
De prosperar este proyecto y ser adoptado este año, todas las exportaciones de biodiésel de soja desde Argentina, Brasil y Estados Unidos quedarían fuera del mercado europeo, lo que representaría un daño comercial de 350 millones de dólares anuales para Argentina.