Un proyecto de ley impulsado por el bloque justicialista en la Cámara de Senadores de Santa Fe busca establecer la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para las autoridades de los tres poderes del Estado provincial. La iniciativa, que obtuvo tratamiento preferencial para la próxima sesión, propone detectar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales en funcionarios y tiene como objetivo garantizar la transparencia y probidad en la función pública santafesina.
Desde principios de este año, la bancada del Justicialismo en la Cámara de Senadores de Santa Fe impulsa un proyecto de ley que obliga a realizar pruebas toxicológicas a «todas las personas que ejerzan cargos públicos electivos por voluntad popular o que hayan sido designadas políticamente, en cualquiera de los tres poderes del Estado de la Provincia de Santa Fe, durante el ejercicio de sus funciones». La iniciativa lleva la firma principal del senador Osvaldo Hugo Sosa (Vera), acompañado por Armando Traferri (San Lorenzo), y surge a poco de que el gobernador Maximiliano Pullaro se sometiera a un test similar, invitando a otros funcionarios a hacer lo mismo. A diferencia de esa acción ejemplificadora, la norma propuesta busca que el control sea obligatorio y periódico para todos los funcionarios.
Alcance Obligatorio del Narcotest en Santa Fe
El proyecto de ley especifica de manera taxativa los cargos comprendidos para la realización de estos narcotest. En el Poder Ejecutivo de Santa Fe, la medida alcanzaría al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, directores generales, titulares de entes descentralizados o desconcentrados, presidentes y directores de empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, así como al jefe y subjefe de Policía, y al director y subdirector del Servicio Penitenciario Provincial.
Para el Poder Legislativo, la obligatoriedad se extendería a senadores, diputados, secretarios legislativos, prosecretarios, autoridades de comisiones, asesores y funcionarios jerárquicos de ambas Cámaras. Dentro del Poder Judicial y Ministerio Público, los ministros de la Corte Suprema, magistrados, fiscales, defensores públicos, secretarios y demás funcionarios jerárquicos del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal deberán someterse a los exámenes. Finalmente, en los Órganos de Control, la normativa incluye a los miembros del Tribunal de Cuentas, al defensor del Pueblo y al defensor adjunto.
Modalidades y Frecuencia de los Controles
La propuesta de ley establece que los exámenes toxicológicos serán «obligatorios y gratuitos», y se realizarán bajo distintas modalidades:
- Inicial: Dentro de los treinta (30) días corridos desde la asunción del cargo.
- Periódica: Con una frecuencia mínima anual.
- Aleatoria: Mediante un sorteo imparcial y bajo un estricto protocolo de transparencia.
- Por denuncia fundada: En caso de que existan indicios razonables que justifiquen su realización.
La implementación de estos exámenes deberá respetar siempre los principios de legalidad, confidencialidad, dignidad, derecho a defensa y cadena de custodia. Además, el proyecto contempla la posibilidad de que los agentes públicos provinciales se sometan voluntariamente al examen toxicológico, fomentando la responsabilidad institucional y la prevención. El Ministerio de Salud de Santa Fe sería la autoridad de aplicación, procurando convenios con universidades, hospitales y laboratorios.
Protocolo ante Resultados Positivos
En caso de que un funcionario obtenga un resultado positivo en los exámenes toxicológicos, la normativa prevé un abordaje interdisciplinario. Este enfoque considerará aspectos vinculados a la salud, psicología, trabajo social y derecho. Un equipo especializado se encargará de brindar contención, orientación y asistencia integral al afectado. Asimismo, deberá evaluar la aptitud del funcionario para ejercer su cargo en plenitud, conforme a la Ley Nacional N.º 26.657, y sugerir medidas sanitarias, administrativas o terapéuticas no punitivas. Toda acción deberá garantizar el principio de confidencialidad, la no discriminación y el derecho al debido proceso.
Consecuencias por Negativa a Sometimiento
El rechazo a someterse al examen toxicológico será considerado una «falta grave». Esta infracción «podrá dar lugar a la suspensión preventiva del cargo, instrucción sumarial o remoción, conforme a los mecanismos legales vigentes», establece el proyecto justicialista.
Resguardo de la Confidencialidad y Precedentes
Los resultados de los exámenes son calificados como «datos sensibles», en línea con la Ley Nacional N.º 25.326. Su acceso será restringido y su uso limitado exclusivamente a los fines previstos en la norma. El proyecto también invita a las municipalidades y comunas de la provincia a adherirse a este régimen de control.
Los legisladores justicialistas citan antecedentes relevantes en otras jurisdicciones del país. En San Luis, por ejemplo, ya rige desde 2024 una ley similar que obliga a funcionarios de los tres poderes del Estado a realizar exámenes toxicológicos de forma anual y aleatoria. Jujuy cuenta con la Ley N.º 6164/20 para funcionarios jerárquicos, mientras que Mendoza y Entre Ríos también han aprobado regímenes análogos, algunos con carácter semestral y con apercibimiento de cese inmediato por incumplimiento. A nivel internacional, países como Estados Unidos, Colombia y Brasil han implementado políticas de control de sustancias en el sector público, especialmente en áreas críticas como seguridad, justicia, salud y educación.
Marco Jurídico y Objetivos de la Iniciativa
Desde el punto de vista jurídico, el proyecto de ley se encuadra en los principios de la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Santa Fe, enfatizando la transparencia en la función pública, la legalidad, la protección de datos personales y el derecho a la salud. Además, garantiza el debido proceso, el derecho de defensa y la dignidad de las personas involucradas, mediante mecanismos objetivos y técnicos con participación de organismos independientes. La iniciativa busca fortalecer el Estado, recuperar la autoridad pública y promover un modelo institucional más íntegro en la provincia.