El Gobierno nacional intensifica sus gestiones en el Senado para asegurar la aprobación de la reforma laboral, en un escenario donde las provincias evalúan el impacto fiscal de la propuesta rebaja del impuesto a las Ganancias. En este contexto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, si bien no rechaza el debate, condiciona su apoyo a que la Casa Rosada salde la deuda histórica con la Caja de Jubilaciones provincial y retome obras de infraestructura estratégicas en la provincia.
La agenda de negociaciones en el Senado
El receso legislativo de verano no detuvo las conversaciones entre la Casa Rosada y las administraciones provinciales. Con la reforma laboral como principal objetivo parlamentario, el Gobierno nacional desplegó una ronda de gestiones para asegurar los votos necesarios en el Senado, donde el oficialismo aún no cuenta con quórum propio. La iniciativa, denominada «Modernización Laboral», se perfila para ser tratada en el recinto entre el martes 10 y el miércoles 11 de febrero. Al frente de estas negociaciones se encuentra Diego Santilli, quien oficia como principal interlocutor con gobernadores y jefes provinciales.
La agenda de Santilli arrancó el lunes 12 de enero en Resistencia, Chaco, donde se reunió con el gobernador Leandro Zdero, un aliado de La Libertad Avanza que controla apoyos clave en el Congreso. Al día siguiente, el martes 13, el funcionario nacional recibió en Casa Rosada al pampeano Sergio Ziliotto, un gobernador peronista que ya ha expresado reservas sobre el artículo 191 del proyecto, el cual modifica el impuesto a las Ganancias y genera honda preocupación por su impacto en la coparticipación federal. La gira previó una escala el 14 de enero en Chubut para monitorear operativos de incendios junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el gobernador Ignacio Torres, otro actor relevante en la construcción de consensos. Finalmente, el jueves 15, Santilli se encontrará en Mendoza con el radical Alfredo Cornejo, cuya bancada concentra apoyos decisivos tanto en Diputados como en el Senado.
El impacto de la rebaja de Ganancias en las provincias
Actualmente, el oficialismo suma 20 votos propios en el Senado, más el respaldo del catamarqueño Luis Juez, necesitando al menos 16 voluntades adicionales para alcanzar el quórum y habilitar la sesión. En esta ecuación, la Unión Cívica Radical (UCR), con diez bancas, emerge como un actor central. Desde el partido centenario, si bien reconocen la necesidad de una reforma, cuestionan aspectos sensibles del proyecto, como la financiación del fondo de cese laboral con recursos de la ANSES.
Sin embargo, el punto de mayor fricción entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es, sin dudas, el artículo 191, que propone cambios en el impuesto a las Ganancias. La inquietud no es ideológica, sino puramente fiscal: una menor recaudación impactaría directamente en los fondos coparticipables. Un informe al que este medio tuvo acceso estima que la rebaja del tributo podría significar una pérdida de 1.729.044 millones de pesos para las provincias hacia 2026.
Siete senadores responden directamente a gobernadores radicales y provinciales: Silvana Schneider, Mariana Juri, Rodolfo Suárez, Carolina Losada, Eduardo Galaretto, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi. Otros tres legisladores gozan de mayor autonomía. También se perfilan como posibles aliados Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta) y los representantes de Misiones, históricamente inclinados a priorizar la gobernabilidad. Incluso, dentro del peronismo, el catamarqueño Guillermo Andrada podría sumar su voto, alineado con el gobernador Raúl Jalil.
La postura de Santa Fe: «Sí» a la reforma, con condiciones
En este complejo mapa de negociaciones aparece Santa Fe, aunque sin ser parte formal de la gira de Santilli. El gobernador Maximiliano Pullaro ha sido categórico: no busca una foto política sin respuestas concretas de la Nación. En su entorno, si bien no rechazan de plano la rebaja de Ganancias —argumentando que «mientras se dinamice la economía, está bien» y que Santa Fe tiene una matriz productiva con salarios altos y empleo formal, llegando incluso a que «docentes paguen Ganancias»—, también son conscientes de la otra cara de la moneda.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la disminución del impuesto implicaría una pérdida del 0,22% del PBI para el país. De ese total, Santa Fe dejaría de percibir más de 97 mil millones de pesos al año. Este número, aunque no genera una alarma inmediata en el gobierno santafesino, sí establece condiciones firmes para cualquier acuerdo.
La deuda histórica con la Caja de Jubilaciones
La principal exigencia del mandatario santafesino es que el Estado nacional se siente a negociar el pago de la deuda que la ANSES mantiene con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, estimada en más de 1,5 billones de pesos. Se trata de un reclamo histórico que Pullaro reitera en cada oportunidad política, y que se ve reforzado por el antecedente de Córdoba, cuyo gobernador Martín Llaryora logró un acuerdo por fondos previsionales.
La deuda con la Caja de Jubilaciones tiene sus raíces en los años 90, cuando Nación reformó el sistema previsional y se comprometió a compensar a las provincias que, como Santa Fe, optaron por no transferir sus cajas. El incumplimiento, según la provincia, ha sido sostenido. Pullaro asumió con el déficit previsional como uno de los principales condicionantes de su gestión, impulsando una reforma de emergencia que, aunque alivió la situación, no la resolvió, llevando el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los intentos de conciliación no prosperaron, y el conflicto sigue abierto.
Obras clave y responsabilidades pendientes
Adicionalmente, la Casa Gris exige que el Estado nacional retome sus obligaciones básicas en la provincia. «Solo pedimos que se cumpla la ley», insisten desde el entorno del gobernador. Un ejemplo elocuente es la infraestructura vial: rutas nacionales en estado crítico que terminan siendo reparadas con fondos santafesinos, con el caso de la Circunvalación de Rosario como un claro disparador de críticas.
Pullaro intentó un acuerdo para que Nación cediera las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, ofreciendo una disyuntiva: o las mantienen o las transfieren a la provincia. Si bien existió un borrador de decreto, las negociaciones se trabaron. En la Casa Gris revelaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, condicionó la cesión de rutas a que Santa Fe desistiera de sus demandas por la deuda previsional, planteo que fue «rechazado de plano» y que provocó la interrupción del diálogo.
Las cuentas de Santa Fe, bajo la lupa
Este debate se produce en una semana clave, luego de que el Ministerio de Economía de Santa Fe difundiera un informe sobre las cuentas provinciales, revelando que el ejercicio fiscal anterior cerró con un equilibrio muy ajustado. El documento concluyó que, de haber cumplido Nación con las transferencias previsionales, Santa Fe habría terminado el año con un superávit un 24,65% mayor, equivalente a más de 125 mil millones de pesos. Una cifra que no hace más que justificar la firmeza de la postura de Pullaro.