El gobierno provincial formalizó este viernes su adhesión al Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal mediante el Decreto 1865/2026 y designó a la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, como representante titular, acompañada por el subsecretario Jorge Henn como suplente, en el marco de una demanda histórica para monitorear el principal corredor de exportación del país.
Un reclamo sostenido por la producción santafesina
La rúbrica del decreto, firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, corona un proceso de negociaciones impulsado desde Santa Fe antes incluso de que el organismo nacional quedara formalmente constituido. El espacio de participación federal había sido creado en agosto de este año a través de la Resolución 47/2026 por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) como un órgano colegiado, institucional y consultivo destinado al seguimiento, monitoreo y análisis de la hidrovía.
La incorporación de la provincia le permitirá ejercer el derecho a supervisar el correcto funcionamiento del sistema, observando la concreción de obras, los costos y la operatoria sobre el corredor fluvial por el que sale buena parte de la producción agroexportadora argentina. El texto oficial destaca que la vía resulta estratégica para la competitividad exportadora y la integración logística, ya que conecta el sistema portuario santafesino con los mercados internacionales.
El alcance institucional y las competencias provinciales
Durante las tratativas previas, el ministro Puccini y el subsecretario Henn insistieron en la necesidad de contar con un instrumento administrativo formal, publicado en el Boletín Oficial, que garantizara una herramienta institucional concreta para las provincias ribereñas, usuarios y sectores vinculados a la industria.
La adhesión santafesina acepta expresamente el marco operativo y procedimental establecido a nivel nacional, pero incluye un resguardo fundamental: la normativa aclara que esta participación no altera las competencias, atribuciones ni responsabilidades propias de la Provincia ni del Ministerio de Desarrollo Productivo. En este sentido, se recordó que conforme a la Ley Provincial Nº 14224, el complejo portuario local se encuentra bajo la órbita de esa cartera ministerial, encargada de definir la política provincial de administración portuaria.
De este modo, Santa Fe podrá llevar al Consejo propuestas consensuadas con los sectores públicos, privados, portuarios, productivos, sindicales y académicos, con el objetivo central de fortalecer los mecanismos de información, transparencia y control sobre la infraestructura.
Funcionamiento del Consejo y antecedentes en la gestión
El organismo consultivo funcionará con reuniones bimestrales y contará con comisiones específicas dedicadas al tráfico y régimen económico, ambiente, seguridad de la navegación y tecnología, infraestructura, obras y servicios, mantenimiento y mejoras, y desarrollo federal y logística regional. No obstante, la normativa nacional especifica que las competencias regulatorias y contractuales exclusivas continúan en manos de la ANPYN, por lo que las recomendaciones del Consejo tendrán un carácter consultivo y no vinculante.
La insistencia de Santa Fe por tener voz propia en este ámbito responde a la magnitud del corredor fluvial, que concentra cerca de 60 terminales portuarias y canaliza aproximadamente el 80% de las exportaciones del país. Desde la Secretaría de Transporte y Logística, tanto Alvarado como Henn venían articulando una agenda orientada a bajar los costos logísticos y potenciar el sistema multimodal, un reclamo que incluyó 14 planteos formales presentados previamente a la Nación, entre ellos llevar el calado a 25 pies al norte de Timbúes hasta la capital provincial. Con la designación formal de sus representantes, la provincia consolida su participación directa en el futuro de la hidrovía.