El gobierno de la provincia de Santa Fe envió a la Legislatura un proyecto de ley para reformar el abordaje de la violencia por razones de género, con el objetivo central de reducir las cargas que el Estado proyecta sobre las víctimas. La iniciativa, presentada este jueves en Rosario por el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, propone pasar de un modelo reactivo ante hechos aislados a una gestión dinámica del riesgo, incorporando el testimonio de la afectada como eje fundamental para la evaluación y la aplicación de un sistema de escalonamiento cautelar.
Un nuevo enfoque de gestión del riesgo y medidas cautelares
La propuesta oficial, que consta de aproximadamente 90 artículos y fue calificada por Cococcioni como un proyecto «osado y fuerte», introduce un esquema de sanciones de intensidad creciente para el agresor. Ante una situación de violencia, los magistrados dispondrán de un abanico que va desde medidas de conducta y restricciones digitales hasta el desarme en caso de tenencia de armas y el uso de tobillera electrónica.
El texto establece que el incumplimiento de estas órdenes judiciales será acumulativo y se registrará para evaluar las condiciones de riesgo, contemplando además la posibilidad de un arresto conminatorio. Entre los cambios procesales más destacados se incluye la competencia judicial universal, lo que significa que ante una emergencia cualquier tribunal de la provincia será competente para actuar de oficio, priorizando la premisa de «primero cautelamos y después discutimos» mediante un contradictorio diferido.
Modificaciones en la notificación y protección tecnológica
El proyecto modifica sustancialmente la forma de notificar al denunciado para evitar los riesgos a los que se expone actualmente la víctima. Con la nueva normativa, las medidas regirán de inmediato y se eliminará la exigencia de que la persona afectada deba trasladar el oficio policial al domicilio o lugar de trabajo del agresor. Incluso, en casos de resistencia, se prevé la colocación de la tobillera electrónica antes de efectuar la notificación formal.
En materia tecnológica, la estrategia apunta a aliviar a la víctima de las responsabilidades de autodefensa. De esta manera, será el agresor quien deba portar los dispositivos de control. Asimismo, los tribunales recibirán facultades ampliadas para resolver de manera integral cuestiones conexas como perímetros de distancia, alimentos y regímenes de comunicación con los hijos, articulando respuestas sin fragmentación institucional.
Abordaje interdisciplinario, fin de la conciliación y fondo de asistencia
Durante la presentación realizada en la ciudad de Rosario, la secretaria Andrea Travaini subrayó que la iniciativa descarta de plano la mediación y la conciliación en casos de violencia de género. En su lugar, se instituye un equipo interdisciplinario encargado de asesorar a los magistrados, emitir opiniones fundadas y realizar un seguimiento obligatorio de las medidas dictadas en el territorio.
Para garantizar la eficacia de las políticas públicas, el proyecto contempla la creación de un registro digital único e interoperable en el ámbito del Poder Ejecutivo, así como el fortalecimiento de un fondo provincial de apoyo urgente destinado a cubrir necesidades inmediatas de las personas protegidas, tales como traslados, reparaciones domiciliarias o alquileres. La propuesta se completa con una articulación estrecha junto a los municipios para potenciar las estrategias territoriales de prevención y detección temprana.