Colegios de abogados, cátedras universitarias, organismos de derechos humanos y entidades vecinalistas expresaron este martes sus fuertes cuestionamientos al mensaje del Poder Ejecutivo sobre seguridad en la Cámara de Diputados de Santa Fe, advirtiendo sobre supuestos retrocesos institucionales y posibles inconstitucionalidades de cara al tratamiento preferencial previsto para el próximo jueves.
Un plenario clave en la Legislatura
El plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara baja escuchó durante horas una docena de exposiciones centradas en el mensaje titulado «Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública». La reunión, que contó con la presencia de una docena de legisladores, replicó la dinámica desarrollada una semana atrás con los ministros de la Corte Suprema de Justicia provincial.
El encuentro estuvo encabezado por el diputado radical Martín Rosúa y su par socialista Lionella Cattalini. Tras las alocuciones, los legisladores ingresaron en una etapa de definiciones para ajustar el dictamen final, donde aún subsisten diferencias internas en el interbloque oficialista de Unidos para luego buscar los consensos necesarios con el resto de los bloques políticos de la oposición.
Cuestionamientos técnicos y constitucionales
La ronda de exposiciones estuvo marcada por duras críticas de los profesionales del derecho. Juan Manuel Fascia, en representación del Colegio de Abogados de Rosario, reconoció la necesidad de dotar al Estado de herramientas, pero advirtió que no se pueden poner en riesgo las garantías constitucionales ni debilitar el sistema penal vigente.
En la misma línea, Néstor Oroño e Ignacio Alfonso Garrone, del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe, remarcaron que las reformas no pueden contravenir los tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Garrone alertó sobre la preocupación institucional que genera la declaración de un imputado sin la presencia de un defensor y la ampliación del juicio en ausencia para todos los delitos, mientras que Oroño comparó las nuevas zonas de intervención policial con un estado de sitio encubierto.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, sostuvo que el proyecto significa un retroceso de treinta años para la provincia y vulnera el principio de división de poderes. A las críticas se sumaron la ex diputada provincial Matilde Bruera, en representación del Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos de la UNR, quien calificó la iniciativa como una herramienta de persecución propia de un estado policial, y delegados del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, la red Puentes y la Red de Vecinales por Seguridad y Desarrollo Humano.
La hoja de ruta parlamentaria hacia el recinto
El debate legislativo abarca tres mensajes remitidos por el Ejecutivo con votación de tratamiento preferencial para la sesión de este jueves en Diputados. Entre ellos se destaca el paquete de «Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública», que ingresó el pasado 14 de mayo e introduce modificaciones al régimen procesal penal, penitenciario, al sistema de inteligencia, al programa de recompensas y a las facultades policiales.
El temario también incluye el proyecto sobre el sistema provincial de intervención en los mercados ilícitos de dispositivos electrónicos, aprobado previamente por el Senado, el cual contempla 24 artículos orientados a crear instrumentos operativos, tecnológicos y financieros para bloquear la cadena de valor del delito. El tercer mensaje corresponde a la ley de defensa del personal de las fuerzas de seguridad y modificaciones a la ley orgánica de la Defensa Penal Pública, que también cuenta con media sanción de la Cámara alta.