El deterioro crítico de las rutas nacionales y la subejecución del impuesto a los combustibles generaron duras críticas en el Congreso de la Nación, donde intendentes, legisladores y referentes gremiales expusieron la falta de inversión en infraestructura vial. En este escenario, la provincia de Santa Fe calculó en más de 2.000 millones de dólares la brecha entre los recursos aportados por los contribuyentes locales y lo efectivamente recibido desde 2024 a la fecha.
El debate en el Congreso y la subejecución del SisVial
La discusión por el estado de los corredores viales, el retiro del Gobierno nacional de la obra pública y el destino de los fondos recaudados escaló tras una reunión convocada por la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación. Del encuentro participaron jefes comunales, legisladores, referentes gremiales de Vialidad Nacional e integrantes de organizaciones de víctimas viales.
El centro de los cuestionamientos apuntó a la subejecución del fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial), creado por el decreto 976/01 para financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial mediante una porción del impuesto a los combustibles líquidos. Informes ventilados en el plenario detallaron que, entre 2024 y mayo de 2026, ingresaron 1,503 billones de pesos al sistema, pero apenas se aplicaron 394.406 millones a la infraestructura, lo que representa una subejecución del 73,8%. Al cierre de mayo, más de un billón de pesos permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos, una administración de recursos que el propio oficialismo admitió utilizar para sostener el equilibrio fiscal.
Por su parte, la Federación del Personal de Vialidad Nacional extendió el cálculo hasta julio y estimó que desde diciembre de 2023 el tributo recaudó 11,2 billones de pesos, de los cuales unos 1,6 billones correspondían al componente vial, aunque solo se destinaron cerca de 530.000 millones. Los gremios denunciaron una fuerte caída real del presupuesto, obras paralizadas y un panorama crítico en el que entre el 70% y el 75% de los kilómetros de la red nacional se encuentran en mal estado.
El impacto en Santa Fe y los costos para los municipios
En representación de Santa Fe, la senadora provincial Leticia Di Gregorio recordó que el Juzgado Federal de Venado Tuerto ordenó a Vialidad Nacional intervenir las rutas nacionales 7, 8 y 33, advirtiendo que esta última acumula 707 siniestros y más de 80 muertos en los últimos cinco años en el departamento General López. En la misma línea, el presidente comunal de Chabás, Lucas Fanelli, relató que la administración local debió destinar recursos propios de maquinaria, personal, ambulancias e inspectores para asistir accidentes y realizar tareas de mantenimiento sobre la traza nacional.
Desde el ámbito legislativo nacional y provincial, el diputado Pablo Farías, del bloque Provincias Unidas, calificó al actual periodo como «el peor en materia de obra pública» que recuerda. El legislador remarcó la importancia estratégica de la región, por donde convergen unos dos millones de camiones hacia las terminales portuarias del sur santafesino que despachan cerca del 80% de las exportaciones agropecuarias del país, lo que genera una destrucción acelerada de la red vial circundante. Previamente, la jefa de bloque Gisela Scaglia había advertido sobre la urgencia de dar respuestas a las rutas nacionales mediante un pedido de informes sobre la administración del SisVial.
Reclamos por los fondos y la competitividad productiva
En paralelo a los debates legislativos, el Gobierno de Santa Fe tradujo el reclamo en cifras precisas. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró que entre enero de 2024 y julio de 2026 los santafesinos aportaron más de 903.000 millones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, mientras que la provincia recibió apenas 170.510 millones.
Desde la administración de Maximiliano Pullaro cuestionaron que la retención de más de 732.000 millones de pesos que por ley deberían retornar en obras funcione como un subsidio a las cuentas públicas a costa de la rentabilidad de productores, industriales y exportadores. Para morigerar el impacto, la provincia contrapone su propio programa de infraestructura, mediante el cual afirma haber invertido más de 2.200 millones de dólares y reparado 3.400 kilómetros de rutas, incluyendo la intervención sobre la Ruta Nacional A012.
Si bien desde el Ejecutivo santafesino ratificaron su apoyo al equilibrio fiscal, la baja de la inflación y el ordenamiento macroeconómico, advirtieron que el crecimiento genuino requiere competitividad global y una infraestructura eficiente que no hipoteque el rol de la provincia como motor productivo de la Argentina.