
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió al conmocionante homicidio de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años hallado sin vida en la capital provincial, y exigió una respuesta más firme del sistema penal ante hechos de extrema violencia, independientemente de la edad de los responsables. Su postura reaviva el debate sobre el régimen penal juvenil y la imputabilidad.
El crimen de Jeremías Monzón y el debate sobre la imputabilidad
El asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años encontrado sin vida en la ciudad de Santa Fe, generó una profunda conmoción social. Mientras la investigación judicial avanza y la principal acusada permanece detenida, el caso volvió a poner en el centro del debate público el régimen penal juvenil, la responsabilidad de los menores ante delitos graves y el rol del Estado frente a la violencia. La imputada, de 16 años, fue acusada por el fiscal de Menores Francisco Cecchini como coautora de un homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento, una de las figuras penales más severas previstas por la legislación vigente.
La postura del gobernador Pullaro: «La pena tiene que ver con el delito cometido»
En este contexto, el gobernador Maximiliano Pullaro calificó el hecho como un «crimen aberrante» y fue contundente respecto a su postura sobre la edad de imputabilidad. «La pena tiene que ver con el delito cometido y no con la edad de la persona que comete un delito», sostuvo el mandatario santafesino, quien añadió que los parámetros actuales «fueron fijados con otra realidad de la Argentina». Pullaro enfatizó que, en crímenes de esta naturaleza, existe plena conciencia del daño que se provoca. «Hoy por hoy un joven de 14 años que va a matar sabe que va a matar, y más en un hecho como este que fue premeditado», argumentó, considerando que «desde mi criterio tendrían que tener claramente una pena común mayor». El gobernador también contextualizó el caso en el escenario de seguridad provincial, destacando una reducción de un tercio en los delitos violentos respecto a dos o tres años atrás, lo que, según explicó, facilita las investigaciones, aunque reconoció que el desafío de prevenir los hechos de extrema violencia persiste.
Visión integral sobre seguridad y el sistema penitenciario
Pullaro extendió su análisis más allá del caso puntual, presentando una visión integral sobre el delito y el sistema penitenciario de Santa Fe. «El que comete un delito es un delincuente y le tiene que caer todo el peso del Código Penal», afirmó, marcando una diferencia con gestiones previas que, a su entender, «colocaban a los delincuentes violentos en un rol de víctimas del sistema». Respecto a la situación carcelaria, detalló que la provincia alberga actualmente a más de 12.000 detenidos y está inmersa en una ambiciosa expansión de su infraestructura penitenciaria. «En 100 años en Santa Fe se construyeron 3.500 celdas. Nosotros, en cuatro años, vamos a construir 3.700», aseguró el gobernador. Explicó que esta política responde a una clara decisión de que «la sociedad pueda vivir mejor», subrayando la necesidad de aislar a presos de alto perfil y reforzar los controles para evitar que continúen delinquiendo desde el encierro. Además, se refirió al aumento de mujeres en conflicto con la ley penal. «Hoy tenemos muchas mujeres que identificamos como jefas o colaboradoras de organizaciones criminales», aseveró, lo que ha impulsado un rediseño del sistema penitenciario provincial.
Acompañamiento a la familia de la víctima
En paralelo, el gobierno provincial reafirmó que la Secretaría de Víctimas acompaña a la familia de Jeremías Monzón desde el primer día. Este caso, si bien fue rápidamente esclarecido, reavivó una profunda discusión pública sobre la violencia, la justicia y la responsabilidad penal en la provincia de Santa Fe.
