El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe envió a la Legislatura un proyecto de ley para la creación de ocho cargos de defensores públicos en el ámbito de la Defensoría General, con el objetivo de intervenir en la defensa de policías involucrados en casos de violencia institucional y abordar un amplio abanico de situaciones complejas que requieran una «intervención institucional diferenciada».
Un nuevo esquema para el sistema de justicia penal
La iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro busca adecuar la estructura del Ministerio Público de la Defensa a las necesidades actuales del sistema de justicia penal y a las previsiones de la última reforma constitucional. En los considerandos del mensaje, el Ejecutivo destaca que la autonomía conferida al organismo obliga a dotarlo de instrumentos de organización compatibles con la complejidad creciente de sus funciones.
El texto señala que la especialización de la persecución penal y la conformación de unidades fiscales específicas exigen que la defensa pública disponga de estructuras equivalentes. De esta manera, se pretende garantizar una respuesta técnica acorde a litigios de alta complejidad jurídica, trascendencia institucional o que demanden conocimientos especializados.
Programas y unidades especiales
El proyecto de ley faculta a la Defensoría General a crear «Programas o Unidades Especiales de la Defensa Pública» con competencia provincial, regional o interregional, ya sea con carácter permanente o transitorio. Estas unidades podrán actuar en materias que requieran formación específica, litigios con significativa repercusión pública o causas que demanden una estrategia institucional unificada.
Entre las funciones más destacadas de estos nuevos cuerpos se encuentra la asistencia legal a miembros de las fuerzas de seguridad en investigaciones por presunta violencia institucional. Asimismo, intervendrán en supuestos de conflicto de intereses entre asistidos por distintas defensorías, para equiparar la actuación frente a las unidades fiscales especializadas del Ministerio Público de la Acusación, o bien para reforzar transitoriamente a las Defensorías Regionales ante sobrecargas de trabajo.
Mecanismos de integración y cobertura de cargos
Para conformar las nuevas Unidades Especiales de la Defensa Pública, la Defensoría General tendrá la potestad de disponer el traslado funcional de defensores públicos, funcionarios o empleados ya pertenecientes al organismo, sin importar la Circunscripción Judicial de origen, lo que generará automáticamente la vacante correspondiente en su lugar de origen.
Como alternativa, la normativa prevé la cobertura de los nuevos puestos mediante los concursos públicos habituales. En total, la iniciativa contempla la creación formal de ocho cargos de defensor público que operarán bajo la dependencia directa de la Defensoría General de la provincia.