Cada vez que un ciudadano contrata un seguro para su vehículo en la Argentina, el Estado Nacional retiene el 0,5% de ese valor con el objetivo teórico de sostener a los más de 1.100 cuarteles de bomberos voluntarios distribuidos en todo el país, una transferencia de fondos legalmente establecida que, según denuncian las entidades del sector, se encuentra interrumpida desde 2025 y pone en riesgo la operatividad del sistema de emergencias.
El reclamo institucional desde la Legislatura santafesina
Ante este escenario, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó por unanimidad una comunicación que pone el foco en la retención de fondos de un gravamen con asignación específica, una medida impulsada por el senador por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla. El texto aprobado busca respaldar el reclamo que la semana pasada impulsó la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios mediante un «sirenazo» a nivel nacional.
Por cuestiones formales, el requerimiento no fue girado de manera directa a la Casa Rosada, sino que solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de los organismos correspondientes, eleve los reclamos planteados por los servidores públicos. En sus fundamentos, Borla remarcó que los bomberos voluntarios constituyen un servicio esencial para las comunidades y cumplen una función indispensable en la prevención y atención de emergencias, sostenida diariamente por el compromiso, la capacitación y la vocación de miles de hombres y mujeres.
El incumplimiento de la ley y el impacto en los cuarteles
La Federación Santafesina ha manifestado públicamente su profunda preocupación ante el deterioro de su capacidad operativa, señalando no solo la falta de transferencia de los recursos legalmente previstos, sino también las severas dificultades para la adquisición de vehículos, equipamiento de emergencia y la falta de aplicación integral de las herramientas de fortalecimiento contempladas por la legislación nacional.
El sistema de financiamiento actual se sustenta en la Ley Nacional N° 27.629, sancionada en 2021, que creó el Fondo Nacional de Bomberos Voluntarios. Esta normativa reformó un esquema previo instaurado en 1998, durante la gestión del expresidente Carlos Menem, período en el cual se iniciaron formalmente los aportes estatales para estos cuerpos. Desde el ámbito legislativo santafesino se cuestiona que, pese a la reivindicación de aquella época por parte de las actuales autoridades políticas, se incumpla con la normativa vigente que garantiza el sostenimiento de los cuarteles mediante la recaudación efectuada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
El costo de intervenir en rutas concesionadas
El conflicto financiero y operativo se completa con otro reclamo histórico de las asociaciones de bomberos: la implementación de mecanismos que contemplen la compensación de los gastos operativos derivados de la atención de siniestros viales en rutas concesionadas.
Actualmente, los cuarteles destinan recursos propios, vehículos, equipamiento y personal para intervenir en accidentes ocurridos sobre estas trazas. Por este motivo, exigen que los nuevos contratos de la Red Federal de Concesiones, impulsados por el Gobierno mediante el Decreto 97/2025, incorporen mecanismos obligatorios de compensación. La propuesta de las entidades bomberiles incluye una contraprestación mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y un resarcimiento por los daños sufridos en el equipamiento durante las intervenciones, abriendo un debate pendiente sobre la responsabilidad financiera en la asistencia a emergencias dentro de los corredores viales explotados por empresas privadas.