La Justicia de Santa Fe investiga la existencia de un posible plan organizado para amenazar al gobernador Maximiliano Pullaro, una hipótesis que surgió a partir de una llamada anónima al 911 en la ciudad de Ceres que derivó en operativos antidrogas, un detenido y el secuestro de material de interés, aunque las autoridades aclararon que por el momento no se puede confirmar la veracidad de un atentado en curso.
El origen de la pesquisa y el llamado al 911
La investigación comenzó tras una comunicación al sistema de emergencias 911 en Ceres, donde se alertaba sobre un punto de venta de estupefacientes y, paralelamente, se mencionaban presuntas intimidaciones contra el mandatario provincial. A partir de este aviso, el fiscal regional y miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenaron una serie de medidas que incluyeron el allanamiento de una vivienda.
Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad detuvieron a una persona vinculada con la comercialización de drogas y secuestraron estupefacientes, teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la causa. La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, junto al director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, brindaron detalles este lunes en conferencia de prensa sobre el avance de las actuaciones judiciales.
Prudencia oficial y continuidad de la política de seguridad
Si bien la línea investigativa apunta a esclarecer el origen de las amenazas, Coudannes fue cauta al referirse al grado de veracidad de las intimidaciones. «Nosotros no podemos ratificar ese plan organizado o esa amenaza», sostuvo la funcionaria, quien ratificó que la pesquisa continúa abierta para determinar la gravedad del asunto.
En la misma línea, Coudannes vinculó el episodio con el contexto de firmeza que impulsa la administración provincial en materia de seguridad. Aseguró que la decisión política de avanzar contra las organizaciones narcocriminales en todo el territorio santafesino no se modificará a raíz de este tipo de situaciones intimidatorias.
La advertencia del Ministerio de Seguridad
Por su parte, Rolando Galfrascoli profundizó sobre el impacto de estas advertencias y destacó el trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el MPA en la jurisdicción de la Fiscalía Regional Quinta, que abarca las ciudades de Ceres y San Cristbal. El funcionario subrayó que la zona cuenta con un abordaje profundo y constante contra el delito complejo.
Respecto de la seguridad del mandatario, Galfrascoli remarcó que el caso merece una atención especial por tratarse de la máxima autoridad de la provincia, aunque aclaró que el Estado debe actuar con la misma determinación frente a cualquier ciudadano amenazado. «Al gobernador, que no es cualquier ciudadano porque es el que tiene la máxima responsabilidad, es el primer servidor público, nosotros tenemos el deber de abordarlo con toda la firmeza», expresó.
Finalmente, el director de Investigación Criminal descartó que las intimidaciones logren frenar las acciones del Estado y confirmó que se llevarán adelante nuevos allanamientos y medidas probatorias en los próximos días. «No nos van a amedrentar, no nos van a parar», concluyó, mientras la Justicia continúa peritando los teléfonos secuestrados para establecer el alcance real de la amenaza.