El Gobierno nacional, a través del Poder Ejecutivo, anunció el inminente envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley para reformar la normativa vigente de Salud Mental, sancionada en 2010. La iniciativa, confirmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca introducir cambios sustanciales en los criterios de diagnóstico, las condiciones de internación y la capacidad de respuesta del sistema ante situaciones críticas, con el objetivo de optimizar la atención y dotar de mayor claridad a la intervención profesional.
El diagnóstico de la ley vigente y los vacíos normativos
La reforma del sistema sanitario en materia de salud mental es una prioridad para el Gobierno nacional. El proyecto, elaborado por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, surge tras un exhaustivo relevamiento que incluyó testimonios de familiares, profesionales, pacientes y actores del ámbito judicial y legislativo. Este diagnóstico permitió identificar obstáculos concretos en la aplicación de la actual Ley de Salud Mental, especialmente en situaciones de urgencia y ante casos de riesgo para el paciente o terceros.
Según fuentes oficiales, el objetivo central es corregir los vacíos normativos que hoy dificultan la intervención, generando interpretaciones dispares y demoras en la toma de decisiones clínicas. Uno de los datos que encendió las alertas sobre la eficacia de la ley vigente es su nivel de implementación desigual en el país: solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa actual, y apenas 18 hospitales generales cuentan con servicios específicos de salud mental.
Cambios clave en diagnósticos, criterios de intervención e internaciones
Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición de los criterios diagnósticos. Desde el Ministerio de Salud, se sostiene que el concepto de «padecimiento mental» resulta demasiado amplio y ambiguo, lo que puede derivar en demoras o dificultades en la evaluación y toma de decisiones clínicas. En su lugar, el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus actualizaciones), incorporando la noción de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión.
Además, se plantea un cambio clave en el criterio de intervención. La nueva redacción pone el foco en la «situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física», tanto del paciente como de terceros. Los impulsores de la reforma explican que esta modificación permitiría actuar de manera más preventiva y oportuna ante escenarios críticos, brindando herramientas más claras a los profesionales.
En cuanto a las internaciones, el texto mantiene su carácter excepcional, pero introduce modificaciones relevantes. Se habilita la posibilidad de internaciones involuntarias indicadas por un psiquiatra, que deberán ser ratificadas por un equipo interdisciplinario. También se propone extender de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial. En los casos voluntarios, si el paciente solicita el alta pero no se encuentra en condiciones de decidir, la internación podría transformarse en involuntaria con la correspondiente intervención de la Justicia.
El debate sobre hospitales especializados y la red de atención
Otro de los puntos sensibles del proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental es el rol de los hospitales psiquiátricos. A diferencia de la ley vigente, que promueve su cierre progresivo, la nueva iniciativa propone fortalecer la red de atención incluyendo a estas instituciones especializadas. Actualmente, el sistema cuenta con 30 hospitales monovalentes públicos y al menos 139 privados. Desde el oficialismo consideran que estas estructuras siguen siendo necesarias para abordar casos complejos que no pueden ser contenidos eficazmente en hospitales generales.
En paralelo, se plantea ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización, y el SEDRONAR. La intención es reforzar el control y seguimiento de las políticas públicas en este campo tan sensible y transversal.
Expectativas y desafíos en el Congreso
El envío del proyecto al Congreso abre un nuevo capítulo en el debate sobre la salud mental en Argentina, un terreno históricamente atravesado por tensiones entre enfoques clínicos, derechos humanos y la capacidad operativa del sistema sanitario. El desafío será construir consensos en un tema de vital importancia, donde cada modificación impacta directamente en la vida de miles de personas y en el funcionamiento cotidiano de hospitales, profesionales y familias. La discusión legislativa buscará equilibrar las necesidades de atención con la protección de los derechos de los pacientes.