El diputado nacional Diego Giuliano presentó un proyecto de resolución para que se deje sin efecto la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Esta controvertida medida eliminó el sistema de subsidios que compensaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos, poniendo en jaque un derecho fundamental para miles de ciudadanos.
Frente al argumento del Gobierno Nacional, que sostiene que a partir del nuevo esquema de libertad tarifaria y desregulación del transporte automotor interjurisdiccional las empresas deben absorber el costo de estos pasajes gratuitos, el legislador santafesino elaboró la iniciativa. Con ella, Giuliano no solo pide dejar sin efecto la Resolución 28/2026, sino que también insta al restablecimiento inmediato de los mecanismos necesarios para garantizar de manera efectiva este derecho.
Preocupación por el impacto social y humano
El diputado Giuliano manifestó una «profunda preocupación institucional, jurídica y social» por la medida adoptada. Subrayó que en ningún momento se advierte una evaluación integral del impacto social, humano, sanitario y jurídico que esta decisión puede producir sobre colectivos especialmente protegidos. «Cuando el Estado mira derechos humanos desde la lógica de una planilla de Excel, deja de mirar personas para mirar exclusivamente números», argumentó el legislador.
La dimensión federal del problema
Giuliano también hizo hincapié en una «dimensión federal que no puede ser ignorada». Explicó que muchas de las personas afectadas viven en el interior del país y dependen del transporte de larga distancia para acceder a controles médicos, tratamientos, rehabilitación o prestaciones de salud de mayor complejidad, que no se encuentran disponibles en sus localidades de origen. La eliminación de los subsidios amenaza directamente la capacidad de estos ciudadanos para recibir la atención necesaria.
Decisión con lógica contable vs. Derechos
El legislador enfatizó que la resolución es una «decisión construida desde una lógica puramente contable», donde una política pública sensible se analiza únicamente desde el costo económico. «Se omite que detrás de cada partida presupuestaria existen personas concretas, derechos fundamentales y obligaciones constitucionales indelegables del Estado», criticó.
Finalmente, Giuliano concluyó que «hablar de movilidad, en estos casos, es hablar de calidad de vida, acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, controles sanitarios, educación, integración social y mucho más». Insistió en que el transporte gratuito destinado a personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncopediátricos «no constituye un privilegio, sino que es una herramienta concreta de inclusión, accesibilidad y garantía de derechos fundamentales».