La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión impuesta al policía de Rosario, Carlos Alberto Morgan, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Esta resolución pone fin a una investigación judicial que se había iniciado en octubre de 2015, tras detectarse conductas en infracción a la Ley Nacional de Drogas en el marco de una pesquisa por delitos de competencia ordinaria.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisible el último recurso presentado por la defensa, ratificando así la pena de ocho años de prisión para Morgan. La sentencia lo considera coautor penalmente responsable de tenencia de estupefacientes para su comercialización, con los agravantes de la intervención de tres o más personas organizadas y su calidad de funcionario de la policía de la provincia de Santa Fe. En el marco de la misma causa, también fueron condenados María Soledad Rechia y Víctor Antonio Ruiz Díaz a seis años de prisión.
La doble condena de Morgan
Carlos Alberto Morgan ya había sido sentenciado a 24 años de prisión como partícipe del robo al banco Credicoop de General Lagos, hecho ocurrido en mayo de 2015, y como integrante de una organización delictiva conformada por uniformados y civiles. El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario lo había encontrado culpable en 2021 por este hecho, decisión que fue respaldada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023, y cuyo recurso de apelación ante la Corte Suprema también había sido rechazado.
El origen de la investigación por drogas
La investigación que derivó en la condena por narcotráfico se inició en octubre de 2015 en la Fiscalía Federal N° 2 de Rosario, a cargo del fiscal Claudio Kishimoto. El expediente federal fue una derivación de actuaciones remitidas por la fiscal Viviana O’Connell del Ministerio Público de la Acusación, quien en el curso de una investigación por delitos de competencia ordinaria, detectó conductas en infracción a la Ley de tenencia y tráfico de estupefacientes.
Protección y abastecimiento de estupefacientes
Mediante intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, se logró establecer que Morgan, quien en aquel entonces se desempeñaba en la Sub Comisaría 26 de Villa Gobernador Gálvez, notificaba a distintas líneas telefónicas sobre la presencia de personal policial en las zonas a las que brindaba protección. En dichas comunicaciones, el condenado solía identificar a los miembros de la fuerza de seguridad como «bichos». Según la pesquisa, el entonces funcionario policial brindaba cobertura y, en determinadas ocasiones, proveía o abastecía la droga a los implicados en la red delictiva.