En una de las causas más resonantes de la provincia de Santa Fe, el exministro de Seguridad, Marcelo Saín, enfrenta una serie de acusaciones por presunto espionaje ilegal. La investigación judicial se centra en la recopilación y difusión de datos públicos y privados de más de 600 personalidades, entre ellas dirigentes políticos, empresarios periodísticos como Nahuel Caputto (CEO de El Litoral), y funcionarios judiciales. El proceso, que incluye una querella específica por la supuesta instrucción de abrir un expediente al titular de este medio a partir de una denuncia inexistente, ha superado los intentos de la defensa de Saín de llevarlo al fuero federal y avanza hacia un juicio oral con múltiples querellantes.
La gravedad de estas imputaciones se destaca en el marco de la agenda judicial de Saín, quien también es investigado en otra causa por supuestas «negociaciones incompatibles con la función pública» en una compra de armas para la Policía. No obstante, las actividades de espionaje ilegal son consideradas el proceso más sensible que involucra al exfuncionario, quien además fue director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.
Las Acusaciones de Espionaje Ilegal
La Fiscalía de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, solicitó en noviembre de 2024 la elevación a juicio de la causa iniciada en 2022. La acusación detalla que Saín habría liderado una asociación ilícita dedicada a la confección de al menos 661 «perfiles» de individuos, sin orden judicial y en clara violación de la Ley de Inteligencia Nacional. Estas prácticas implicaban la sistematización ilegal de datos sensibles (patrimoniales, familiares, migratorios), obtenidos de registros públicos y bases de datos privadas de acceso restringido, como Veraz, Nosis, Migraciones, Renaper, DNRPA y registros judiciales.
La estructura habría operado entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021, con una organización jerárquica encabezada por Saín y altos funcionarios de su cartera y del Organismo de Investigaciones (OI), como Nadia Schujman y Débora Cotichini, quienes también están imputadas junto a otros seis excolaboradores. Se les atribuyen, además, delitos de abuso de autoridad, peculado y desvío de fondos destinados a gastos reservados.
Las Querellas que Piden Prisión
La causa cuenta con la participación de varias querellas. Una de las más destacadas es la formalizada a fines de agosto pasado por el equipo de abogados que representa al actual gobernador Maximiliano Pullaro. El documento, de 174 páginas, firmado por los letrados Jorge M. Ilharrescondo e Ignacio E. Martín, acusa a Saín y sus colaboradores por defraudación, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de la Ley 25.520 (espionaje ilegal), solicitando una pena de 10 años de prisión. La acusación detalla cómo se recopiló ilegalmente información personal, política y laboral de individuos, incluyendo a Pullaro y su entorno, cuando este era diputado provincial opositor.
En simultáneo, la Fiscalía de Estado santafesina, a cargo de Domingo Rondina, también presentó una querella de más de 400 páginas con fundamentos para acusar a Saín y sus excolaboradores, solicitando una pena de prisión.
A su vez, Nahuel Caputto, CEO de El Litoral, presentó una querella específica contra el exministro, detallando la naturaleza y finalidades de las acciones ilegales dirigidas en su contra.
Rechazo a la Competencia Federal
En un intento por sustraer el expediente de la órbita provincial, la defensa de Saín procuró llevar la causa a la Justicia Federal, argumentando que el supuesto delito de «espionaje» constituiría una violación a la Ley Nacional de Inteligencia (25.520), cuya competencia recae en dicho fuero. Sin embargo, en dos instancias, la Justicia santafesina rechazó esta pretensión, al entender que las tareas de inteligencia criminal presuntamente irregulares se circunscribieron al ámbito provincial y no se acreditó intervención de organismos nacionales. La solicitud también fue desestimada por el entonces juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez. El abogado Ignacio Alfonso Garrone, patrocinante de la querella de Nahuel Caputto, destacó que en materia de competencia penal, «lo determinante será el territorio, los sujetos y el interés afectado», criterio respaldado por fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte de Santa Fe.
El «Modus Operandi»: La Orden contra el CEO de El Litoral
La investigación ha logrado desnudar el particular «modus operandi» de la asociación ilícita. Según expuso el abogado Garrone, la mecánica consistía en que el jefe de la organización impartía una orden contraria a derecho para perjudicar a un adversario político. A partir de ello, se generaba un «anoticiamiento falso» atribuyendo un delito inexistente a la persona, utilizando esta excusa para recopilar información.
Un ejemplo claro fue la orden dictada por Marcelo Saín el 2 de abril de 2020 a las 12:43 horas, a través de un audio enviado al grupo de WhatsApp «MS Investigación Criminal». En el mensaje, Saín instruyó a varios colaboradores, incluyendo a Nadia Schujman y Débora Cotichini, que «a las autoridades del gobierno les caería muy bien que Nahuel [Caputto] tenga algún problema legal. Inclusive en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo para trabajar esto, por favor». La inexistencia de la «denuncia anónima» de la que pretendía dar cuenta el documento quedó demostrada por la falta de un IPP (Investigación Penal Preparatoria) en el sistema del MPA.
Al día siguiente, Saín ordenó a Cotichini «perfilar» a Nahuel Caputto, refiriendo un supuesto acuerdo «con el gobernador» para «ir contra él». Meses después, el interés en Caputto persistía, llevando a la elaboración de un informe de inteligencia llamado «El cuarto poder en la provincia de Santa Fe», que, si bien enfocaba a Gustavo Scaglione, incluía un apartado específico sobre «Las Empresas de Caputto», detallando sus medios impresos, digitales y radios. La acusación sostiene que la obtención, producción y sistematización de esta información buscaba «la exclusiva finalidad de influir en los medios de difusión» de Caputto. Este episodio de abril de 2020 incluyó la intervención de personal policial en la sede del diario El Litoral, en un claro intento de intimidación.
Pruebas y el Camino al Juicio Oral
La investigación se inició a partir de una denuncia interna y se nutrió de numerosos testimonios de exfuncionarios y empleados, algunos bajo reserva de identidad, que describieron un funcionamiento «promiscuo» entre el Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigaciones, con órdenes informales, pedidos de información sin respaldo legal y un clima de temor.
Entre las pruebas, se destaca el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos en oficinas oficiales, donde se hallaron bolsas con papel triturado y evidencias de una presunta destrucción de pruebas. Según los fiscales, solo un mínimo porcentaje de las miles de consultas realizadas en bases de datos estuvo vinculado a causas judiciales reales. Con este cúmulo de elementos, las querellas afirman que existen pruebas suficientes para avanzar hacia un juicio oral y obtener condenas por asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de secretos y realización de inteligencia ilegal, un caso que marcará un precedente en la defensa de la libertad de prensa y la transparencia institucional en Santa Fe.