La próxima semana, las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe recibirán a representantes de los Colegios de Abogados de ambas circunscripciones, universidades y diversas organizaciones intermedias para continuar el debate sobre el paquete de leyes de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo provincial. El encuentro profundizará en los puntos de mayor fricción y evaluará las advertencias técnicas sobre posibles aspectos inconstitucionales en las reformas propuestas.
Una nueva ronda de consultas legislativas
El plenario de las comisiones legislativas activará la próxima semana una segunda etapa de diálogo con actores sociales e institucionales en el marco del análisis del proyecto titulado «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública». Esta discusión se abrió formalmente esta semana con las exposiciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Servicio Público Provincial de Defensa Penal y los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
El cronograma previsto contempla la recepción de ocho entidades de Santa Fe y Rosario. Entre los invitados figuran el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, la Red Puentes, el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos «Juan Carlos Gardella», representantes de la Universidad Nacional de Rosario, el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción y la Asociación Civil Familiares de Víctimas contra la Inseguridad.
Ejes y unificación del debate
El mensaje del Poder Ejecutivo impulsa modificaciones profundas en cinco normativas provinciales clave: el Código Procesal Penal, la Ley de Ejecución Penal, la Ley de Recompensas, la Ley de Inteligencia y la Ley Orgánica de la Policía.
Como parte de la estrategia legislativa, la Cámara baja decidió unificar el tratamiento de esta iniciativa con otros dos proyectos aprobados previamente por el Senado. Estos textos corresponden a la ley que reconfigura aspectos del funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y a la norma de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, diseñada específicamente para combatir el robo y la comercialización ilegal de teléfonos celulares.
Objeciones técnicas y advertencias de inconstitucionalidad
Durante las primeras audiencias, los máximos magistrados de la provincia expresaron reparos sustanciales frente a la delegación de facultades que el proyecto otorga a las fuerzas de seguridad y, en algunos casos, a los fiscales. Desde la Corte Suprema advirtieron que varios incisos rozan la inconstitucionalidad por delegar atribuciones excesivas.
Entre las medidas cuestionadas figuran la habilitación de allanamientos sin orden judicial previa bajo determinadas circunstancias y la posibilidad de tomar declaración a un imputado en ausencia de un abogado defensor. Asimismo, genera debate la facultad del Poder Ejecutivo para solicitar de manera autónoma la activación de pedidos de recompensa sin el requerimiento previo de un fiscal.
Un punto crítico se concentra en la ley para combatir el robo de celulares, que autoriza a la policía a exigir a cualquier ciudadano el código IMEI —la identificación única de quince dígitos del dispositivo—. Si la persona se negara a exhibirlo, los efectivos están facultados para requisar y secuestrar el aparato. Para el ex Fiscal General y actual ministro de la Corte, Jorge Baclini, esta disposición introduce una «presunción de ilicitud excesiva» sobre los ciudadanos.