El diputado provincial Martín Rosúa (Unidos) destacó el amplio respaldo legislativo obtenido en la Cámara de Diputados de Santa Fe para sancionar 12 de las 13 herramientas clave enviadas por el Ejecutivo. El legislador calificó la medida como un avance fundamental para consolidar la política de seguridad del gobierno de Maximiliano Pullaro, orientada a sostener la baja de los índices delictivos y combatir con firmeza al crimen organizado en todo el territorio provincial y, especialmente, en Rosario.
Nuevas herramientas contra el crimen organizado
Rosúa remarcó que durante la última sesión se aprobaron 10 de las 11 normas solicitadas por la administración provincial, las cuales se suman a las dos leyes sancionadas en la semana previa. En ese sentido, el legislador advirtió sobre la capacidad de adaptación de las estructuras narcocriminales. Según señaló, las bandas delictivas no han desaparecido ni descansan en su organización, lo que obliga al Estado a actualizar constantemente la legislación para equiparar las condiciones en la lucha contra el delito.
Aislamiento estricto para presos de alto perfil
Uno de los ejes centrales de la reforma es el corte de comunicaciones y la neutralización de los jefes narcocriminales alojados en establecimientos penitenciarios. La normativa incorpora el artículo 57 bis, que establece un régimen de aislamiento pleno en celda individual para aquellos internos que, mediante visitas, correspondencia física o electrónica, o comunicaciones no autorizadas, representen una amenaza grave para la seguridad pública. Esta medida contempla un derecho exclusivo de dos horas de patio individual, la suspensión total de visitas y la restricción de elementos de ocio y entretenimiento.
Investigación ágil y juicios en ausencia
El paquete legislativo también introduce modificaciones procesales para agilizar las causas penales en Santa Fe. Entre ellas destaca la facultad para que los fiscales puedan tomar declaración informativa a personas verosímilmente vinculadas a un hecho delictivo, aun cuando no existan elementos suficientes para una formalización inmediata. Asimismo, la ley incorpora el juicio en rebeldía o en ausencia, un mecanismo diseñado para evitar que la fuga de los imputados paralice indefinidamente los procesos judiciales, garantizando la intervención de la defensa y la posterior revisión de las sentencias.
Tecnología preventiva y allanamientos de urgencia
Finalmente, la reforma autoriza el uso estratégico de información y tecnología para la prevención de delitos, estableciendo estrictos controles judiciales sobre las medidas que afecten la privacidad. El paquete también contempla la habilitación de allanamientos urgentes sin orden judicial previa en situaciones excepcionales, tales como la sospecha fundada de acopio de armas donde la demora implique la pérdida de evidencia. Con estas modificaciones, el oficialismo busca dotar al Estado provincial de respuestas concretas frente a la criminalidad compleja.