Un ambicioso proyecto de reforma logística impulsado de forma conjunta por los gobernadores del norte argentino, la Casa Rosada y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) busca habilitar el cabotaje fluvial y marítimo a buques de bandera extranjera, una iniciativa que genera fuertes resistencias en la provincia de Buenos Aires y abre un nuevo escenario de impacto directo para la provincia de Santa Fe y sus puertos.
Hacia una revolución logística en las economías regionales
La iniciativa legislativa surge del consenso alcanzado entre los mandatarios provinciales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado y funcionarios nacionales como Diego Santilli y Alejandro Cacace. El objetivo central es autorizar a buques de bandera extranjera a prestar servicios de cabotaje nacional para ampliar la oferta naviera y reducir drásticamente los costos logísticos que ahogan a las economías del Norte Grande.
Actualmente, el río Paraná se encuentra surcado mayoritariamente por barcazas paraguayas que tienen vedada la posibilidad de tocar dos puertos nacionales consecutivos debido a normativas restrictivas vigentes desde 1944. Desde el oficialismo califican la situación como un «secuestro» fluvial, argumentando que la producción regional podría trasladarse a través de la hidrovía a un tercio del costo actual, dinamizando sectores clave como la agroindustria, la minería, la industria forestal y los hidrocarburos.
Claves del proyecto de ley y resguardos soberanos
El texto oficial establece la libre navegación y comercio de cabotaje interno para buques tanto nacionales como extranjeros, bajo la condición previa de informar su ingreso y período de operación a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Para aplacar las históricas tensiones gremiales, la norma introduce una reserva exclusiva para la bandera nacional en actividades estratégicas como la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre, la navegación deportiva y el practicaje.
Asimismo, las condiciones laborales de las tripulaciones extranjeras deberán ajustarse estrictamente a la legislación de su país de origen, con un piso regulatorio basado en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo y normativas internacionales de la OMI, bajo la rigurosa fiscalización de la Prefectura Naval Argentina. En materia de soberanía, se prohíbe operar en el cabotaje nacional a embarcaciones vinculadas con empresas que realicen actividades no autorizadas de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
No obstante, sectores disidentes como los representados por Jorge Capitanich reclaman una mayor protección para la mano de obra local y la marina mercante nacional, exigiendo la contratación prioritaria de tripulación argentina y la limitación estricta al ingreso de banderas extranjeras que operan con menores costos operativos.
Incentivos fiscales y agilización aduanera
Para incentivar la inversión y la competitividad en el sector, el proyecto fija una alícuota reducida del 25% en el Impuesto a las Ganancias para las empresas que realicen actividades habituales de cabotaje. Adicionalmente, los armadores nacionales podrán optar por un esquema de amortización acelerada para sus inversiones y se implementará un procedimiento sumarísimo de 15 días hábiles para el cese de bandera y la cancelación de matrícula nacional.
La normativa también introduce modificaciones clave en el Código Aduanero, permitiendo la permanencia indefinida de contenedores bajo el régimen de admisión temporaria, simplificando el régimen de removido y otorgando plena validez legal al conocimiento de embarque digital para agilizar las operaciones de exportación directamente desde los puertos de origen.
El impacto estratégico en Santa Fe y el nodo Rosario
En el plano regional, la desregulación fluvial se complementa con la privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas y la integración de un sistema intermodal que tiene a la provincia de Santa Fe como su principal epicentro logístico. El gobernador Maximiliano Pullaro ha puesto el foco en consolidar el «hub logístico» en el Gran Rosario, donde convergen los puertos agroindustriales, las terminales de contenedores y la futura llegada de trenes con producción minera proveniente del norte argentino.
Esta articulación entre el tráfico ferroviario y el transporte fluvial permitirá potenciar el comercio hacia los puertos santafesinos y facilitar el envío de insumos hacia los proyectos cordilleranos de cobre, oro, plata y litio. Con el respaldo político de 13 senadores nacionales —entre ellos la santafesina Carolina Losada— y un fuerte alineamiento entre la Casa Rosada y los gobernadores norteños en torno al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto fluvial redefine el mapa económico y geopolítico del país frente a la reticencia de Buenos Aires.