El diputado provincial de Unidos, José Corral, respaldó firmemente el nuevo paquete de reformas en materia de seguridad enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura de Santa Fe. El legislador destacó la necesidad de dotar a la provincia de herramientas más eficientes para localizar celulares robados, ampliar las plazas carcelarias e impedir que las organizaciones criminales sigan operando desde el interior de las prisiones. Asimismo, cuestionó lo que calificó como «garantismo estúpido» y anticipó que algunos puntos del proyecto serán ajustados durante el debate legislativo para lograr los consensos necesarios.
Un balance positivo pero con alertas vigentes
El legislador sostuvo que la provincia debe actualizar sus normativas de manera constante para responder a las nuevas modalidades delictivas. Al realizar un balance de la gestión, afirmó que la situación ha mejorado notablemente en comparación con el escenario crítico que atravesaban Rosario y la ciudad de Santa Fe al inicio del mandato, cuando la demanda social exigía frenar la violencia urbana y recuperar el control penitenciario.
Corral recordó que los homicidios dolosos registraron sus mejores cifras históricas durante 2024 y 2025, una tendencia favorable que se proyecta también para 2026. Sin embargo, advirtió que persiste una fuerte alarma social vinculada a los robos callejeros y otros delitos predatorios. En este sentido, consideró que las nuevas iniciativas legislativas funcionan como un complemento superador para mejorar los instrumentos con los que ya cuenta el Estado, recordando antecedentes exitosos como la ley de Microtráfico que permitió desarticular búnkeres de droga.
Tecnología contra el robo de celulares
Uno de los ejes centrales defendidos por el diputado es el uso de la tecnología para combatir el mercado negro de telefonía móvil. La propuesta normativa contempla facultar a los fiscales, a través de la policía y con aviso previo al juez, para intervenir de manera inmediata cuando la ubicación geolocalizada de un dispositivo robado sea precisa y existan elementos que justifiquen la actuación. Según planteó, esta medida busca dar respuesta a los vecinos que logran rastrear sus equipos pero chocan con trabas burocráticas que exigen una causa judicial prolongada antes de un allanamiento.
A su vez, aclaró que el proyecto contempla filtros rigurosos para evitar procedimientos basados en datos imprecisos y destacó la utilidad del código IMEI, al que definió como «el DNI del celular», para que las fuerzas de seguridad puedan verificar de forma rápida la titularidad de los aparatos. Ante los reparos expresados por distintos sectores en las reuniones legislativas, Corral aseguró que el oficialismo receptó las observaciones y evaluará modificaciones junto al Poder Ejecutivo para garantizar herramientas eficaces bajo conducción fiscal y estricto control judicial.
Infraestructura carcelaria y aislamiento de alto perfil
En materia penitenciaria, el legislador respaldó las medidas destinadas a cortar las comunicaciones y la capacidad de mando de los reclusos considerados de alto perfil, avalando regímenes de aislamiento estricto por plazos limitados y en situaciones excepcionales. Para Corral, estas restricciones son indispensables para frenar la planificación de homicidios y extorsiones ordenadas desde las celdas.
Para descomprimir el sistema, destacó la ampliación de la infraestructura penitenciaria más importante de la historia reciente en Santa Fe, la cual contempla la construcción de casi 7.000 nuevas plazas. Entre las obras emblemáticas mencionó la reciente inauguración de la cárcel de Recreo y el penal de máxima seguridad número 8 en Piñero, conocido como El Infierno, en un contexto donde la población penal ronda los 10.000 internos frente a una capacidad histórica inicial de poco más de 6.000 espacios.
Defensa a las fuerzas de seguridad y debate legislativo
Corral enfatizó la necesidad de brindar respaldo institucional a los agentes penitenciarios y policiales, señalando que el paquete normativo corregirá una asimetría histórica en la asistencia legal. Mientras el Estado proveía defensa jurídica gratuita a personas investigadas por narcotráfico, los efectivos quedaban expuestos a afrontar costos particulares ante causas derivadas de su desempeño funcional, una situación que cambiará al prever que la Defensoría General asista a los miembros de las fuerzas.
Al cuestionar el «garantismo estúpido», el diputado sostuvo que durante demasiado tiempo se priorizaron los derechos de los infractores por encima de la protección de los ciudadanos y del personal encargado de velar por el orden público. Finalmente, anticipó que el oficialismo buscará aprobar las leyes en el corto plazo, incorporando los aportes de especialistas y manteniendo la vocación de diálogo con la oposición, aunque remarcó la responsabilidad política del espacio gobernante para dotar al Ejecutivo de las herramientas que la provincia demanda.