La Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó durante las últimas 72 horas una serie de operativos en diversos sectores de la ciudad de Santa Fe, con especial énfasis en el barrio Chapultepec, que resultaron en múltiples detenciones y la incautación de armas de fuego. El director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, informó que los procedimientos —realizados en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA)— se vinculan a investigaciones por tentativa de homicidio, abuso de armas, robos calificados y extorsiones derivadas de conflictos territoriales entre bandas antagónicas.
Enfrentamientos armados en barrio Chapultepec
El foco principal de la actividad investigativa se concentró en el barrio Chapultepec, donde la PDI llevó adelante más de 20 allanamientos motivados por el recrudecimiento de la violencia entre dos grupos rivales. Según detalló Galfrascoli, las intervenciones se realizaron en dos etapas durante las últimas 48 horas, permitiendo la desarticulación de células vinculadas al denominado «clan Araújo». Esta organización familiar es investigada históricamente por su presunta participación en delitos de usurpación, extorsiones y amenazas armadas en la zona.
En el marco de estas irrupciones, las fuerzas de seguridad detuvieron a seis personas y secuestraron dos armas de fuego —una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .22— junto con una cantidad no especificada de cartuchería. Posteriormente, las pesquisas permitieron identificar y aprehender a integrantes del sector opuesto, quienes también quedaron a disposición del MPA. Las causas, que tramitan bajo la supervisión de los fiscales Andrés Marchi y Gabriela Harry, se caratularon preventivamente como tentativa de homicidio y abuso de armas, a la espera de las correspondientes audiencias de imputación.
Detención por usura y préstamos ilegales
En un procedimiento paralelo, personal de la PDI concretó el arresto de un hombre en las inmediaciones de calle Ruperto Pérez al 2900, señalado como presunto prestamista ilegal. La investigación, dirigida por la fiscal Gabriela Harry, se inició a partir de la denuncia de una víctima que manifestó ser objeto de constantes presiones y amenazas de muerte contra su entorno familiar debido a una deuda contraída.
El director de Investigaciones Criminales precisó que el sospechoso, quien posee antecedentes por delitos similares, aplicaba tasas de interés que duplicaban el capital original, alcanzando un recargo del 100%. Bajo la sospecha de que existen otras víctimas damnificadas por maniobras de usura y chantaje, las autoridades judiciales instaron a la ciudadanía a radicar las denuncias pertinentes para determinar el alcance total de la responsabilidad penal del imputado.
Recuperación de motovehículo y estadísticas delictivas
Durante la presentación del balance de las operaciones, Galfrascoli confirmó la recuperación de la motocicleta perteneciente al fiscal Ezequiel Hernández. El hallazgo se produjo de manera fortuita en el barrio Coronel Dorrego, mientras efectivos policiales realizaban requisas domiciliarias vinculadas a otra causa penal. Patrullas preventivas detectaron el vehículo en la vía pública y, tras verificar los guarismos, constataron que se trataba del rodado sustraído al funcionario judicial.
Respecto a este hecho, el funcionario aclaró que no existen indicios que vinculen el robo con la labor profesional de Hernández, calificándolo como un delito de carácter predatorio. Por el caso, una persona fue puesta a disposición de la Justicia bajo la calificación provisoria de encubrimiento, sin descartar una modificación en la carátula si se comprueba su participación directa en la sustracción.
Finalmente, el titular de Investigaciones Criminales se refirió a la situación del robo de motovehículos en la capital provincial. Si bien evitó aportar cifras porcentuales, aseguró que la estadística registra una tendencia descendente en comparación con diciembre de 2023, periodo en el que se reportaban más de un centenar de unidades sustraídas por semana. No obstante, ratificó que el combate contra los delitos contra la propiedad y la reducción de la circulación de armas ilegales se mantienen como prioridades operativas para la gestión de seguridad actual.