La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación administrativa sobre el desempeño de los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini. El proceso busca determinar las causas por las cuales los funcionarios no adoptaron medidas de protección oportunas tras recibir denuncias previas sobre el funcionamiento de un geriátrico clandestino en el barrio Nuevo Horizonte, situación que fue advertida por las autoridades recién a fines de julio tras un incendio intencional en el inmueble de calle Gollán al 10.100, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
El incidente y la intervención estatal
El estado de vulnerabilidad y las irregularidades del establecimiento cobraron estado público cuando uno de los ancianos alojados prendió fuego a un colchón con el objetivo de solicitar auxilio y alertar a los vecinos. Tras el siniestro, efectivos de la policía y personal de diversas áreas estatales intervinieron en el lugar y constataron que siete adultos mayores residían en condiciones insalubres, con cuadros compatibles con desnutrición y una evidente desatención médica. Las actuaciones posteriores confirmaron que el inmueble no poseía habilitación municipal ni provincial para operar como asilo de ancianos.
Cronología de las denuncias desestimadas
La investigación interna del MPA se centra en una serie de alertas formales que comenzaron el 22 de abril del corriente año. En esa fecha, la hija de uno de los internos radicó una exposición ante el Centro Territorial de Denuncias, donde describió situaciones de hacinamiento, falta de higiene y la retención indebida de Documentos Nacionales de Identidad y tarjetas de débito de los jubilados por parte de la encargada del lugar. Esta primera denuncia fue remitida por vía electrónica al fiscal de turno, Roberto Olcese, quien posteriormente dispuso el archivo de la causa.
Ante la falta de avances judiciales, la denunciante regresó el 15 de mayo al mismo Centro Territorial de Denuncias para realizar una segunda presentación. En esta oportunidad, el caso recayó en el despacho del fiscal Manuel Cecchini. Según consta en el expediente, se aportó como material probatorio una carta manuscrita redactada por uno de los residentes, quien solicitaba ser rescatado y denunciaba agresiones físicas y psicológicas, además de un total abandono sanitario. Pese a la gravedad del relato, no se dispusieron medidas preventivas hasta que se produjo el incendio dos meses después.
Situación procesal y auditoría interna
A raíz del operativo de rescate, se dispuso la clausura definitiva del establecimiento y la detención de la supuesta responsable, María Laura Milia. Actualmente, se da la particularidad de que los fiscales Olcese y Cecchini son quienes encabezan la investigación penal por los delitos cometidos en el geriátrico, al mismo tiempo que su propia conducta previa es evaluada por la Auditoría General del MPA para deslindar responsabilidades administrativas.
La investigación también busca esclarecer la presunta participación de profesionales del área de salud y asistentes sociales de dependencias públicas. Según la denuncia original, estos agentes habrían facilitado el ingreso de pacientes al geriátrico clandestino y habrían ejercido presiones sobre los familiares para evitar reclamos por la administración de los haberes jubilatorios de los internos.