El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió ante la Comisión de Legislación General del Senado el proyecto del Ejecutivo que busca reemplazar la Ley General de Sociedades, vigente desde 1972. Junto a Paula Taddei Farfán y Alejandro Ramírez, el funcionario explicó las implicancias de una reforma que incorpora sociedades automatizadas y DAO, digitaliza trámites y genera fuertes reparos entre la oposición por cuestiones como la responsabilidad legal, el control estatal, la prevención del lavado de activos y el impacto en el empleo.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, acudió este miércoles al Senado de la Nación para exponer los alcances de la reforma societaria impulsada por el gobierno de Javier Milei. La presentación tuvo lugar en el Salón Illia, ante la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nadia Márquez, que inició el tratamiento del proyecto de ley. Acompañaron al ministro la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica, Paula Taddei Farfán, y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez. Tras más de una hora de exposición y antes de las preguntas de los senadores, la reunión concluyó sin dictamen, anunciándose un cuarto intermedio y futuras reuniones. La senadora Márquez destacó que el proyecto busca una «regulación societaria más amplia, flexible y moderna».
Los Ejes de la Reforma Propuesta
Paula Taddei Farfán calificó al proyecto como «una de las reformas más trascendentes del derecho argentino de las últimas décadas». Argumentó que la Ley General de Sociedades N° 19.550 fue «concebida para una realidad tecnológica, productiva y organizacional muy distinta» a la actual, y que la propuesta busca adecuar el ordenamiento societario a las «necesidades económicas, tecnológicas e institucionales del siglo XXI». La funcionaria enfatizó el objetivo de «fortalecer la libertad económica, facilitar la inversión, reducir costos regulatorios y adecuar nuestro sistema a los estándares internacionales más avanzados».
Un pilar central de la iniciativa es la autonomía de la voluntad, permitiendo que los socios diseñen «libremente la estructura, el gobierno y las reglas de funcionamiento de sus organizaciones», en un marco donde el Estado «deja de presumir que conoce mejor que los particulares cómo deben organizarse sus negocios».
La reforma también plantea una digitalización integral del régimen societario, incluyendo la constitución de sociedades con firma digital o electrónica, legajos digitales, registros públicos de consulta gratuita y el uso de domicilio electrónico y plataformas digitales para publicidad. Al respecto, Alejandro Ramírez sostuvo que el «registro público deja de ser un filtro burocrático y pasa a ser una infraestructura más moderna, digital y habilitante». El inspector general de Justicia defendió la propuesta como una reconstrucción integral, recordando que la normativa vigente data de hace más de 50 años y fue concebida en un contexto sin internet ni inteligencia artificial. También justificó la eliminación de tipos societarios en desuso, como la sociedad colectiva o la de capital e industria, que según datos de la IGJ, apenas registran constituciones en la última década.
Inteligencia Artificial y Sociedades Automatizadas: El Punto de Tensión
El punto de mayor debate se centró en la incorporación de la inteligencia artificial (IA) al derecho societario argentino. El proyecto define a la sociedad automatizada como aquella que desarrolla su objeto mediante «sistemas algorítmicos autónomos o agentes de IA», sin requerir de trabajadores humanos para su operación ordinaria. Estas sociedades responderían con su patrimonio ante terceros por los daños causados por sus sistemas.
Federico Sturzenegger buscó desarticular la idea de entes sin encuadre legal, explicando que las sociedades automatizadas serían un subtipo de las sociedades anónimas, con las mismas obligaciones y responsabilidades, pero con una gestión operativa delegada en «programas, software, robots o lo que fuera». El ministro argumentó que «para un país que tiene la pretensión de liderar, es absolutamente imperativo poder incorporar estas nuevas tecnologías en nuestro derecho», con el objetivo de hacer de Argentina un lugar atractivo para la radicación de estas empresas globales que pagarían impuestos corporativos en el país.
La otra figura innovadora son las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), donde la toma de decisiones puede estar definida por protocolos informáticos y contratos inteligentes. Los funcionarios aclararon que solo se incluirán aquellas que «acepten voluntariamente identificar a todos sus beneficiarios finales», excluyendo las que operen de modo anónimo.
Fuertes Reparos de la Oposición y Advertencias sobre la Responsabilidad
Las preguntas de los senadores opositores se concentraron en un eje común: la cuestión de la responsabilidad ante daños causados por una sociedad operada por inteligencia artificial, decisiones discriminatorias, evasión de controles o movimientos de fondos sin trazabilidad suficiente.
El senador de Unión por la Patria, Martín Soria, acusó al Gobierno de buscar convertir a la Argentina en un «laboratorio de desregulación salvaje», advirtiendo que el mundo avanza hacia «límites éticos, fiscales y legales» para la IA, mientras el Ejecutivo iría «al revés». Soria vinculó el proyecto con riesgos de lavado de activos, negocios opacos y la dilución de la responsabilidad humana.
Desde el mismo bloque, Jorge Capitanich formuló una crítica más técnica. Sostuvo que una ley sobre sociedades automatizadas solo sería constitucionalmente válida si preserva principios como la legalidad, razonabilidad, igualdad, defensa en juicio, tutela judicial efectiva, derecho de propiedad, reparación de daños, control fiscal, prevención de lavado, protección de consumidores, datos personales y responsabilidad patrimonial. Exigió un «beneficiario final identificado» para cualquier operación válida, y planteó la necesidad de un representante legal humano, domicilio constituido en Argentina, patrimonio mínimo de garantía, seguro obligatorio en actividades de alto riesgo, auditoría técnica, contabilidad trazable, prevención de lavado, conservación de evidencia algorítmica y una «revisión humana significativa».
El senador Fernando Salino también cuestionó la responsabilidad, preguntando sobre la existencia de un CUIT responsable para las DAO. Además, destacó que la reforma va más allá de la inteligencia artificial, modificando el objeto social, tipos societarios, reserva legal, distribución de utilidades y aspectos fiscales, contables y penales, lo que exige un estudio más profundo.
Las Aclaraciones del Oficialismo y la Perspectiva Fiscal
Las respuestas a las objeciones recayeron principalmente en Alejandro Ramírez, inspector general de Justicia. Respecto a las sociedades automatizadas, explicó que serían «una SRL automatizada, una sociedad anónima automatizada y va a tener todos los mismos controles» que sus contrapartes tradicionales. Subrayó que el artículo referido a las DAO exige la identificación del beneficiario final y que el proyecto mantiene vigentes las normas civiles, penales y de prevención de lavado de activos.
En cuanto al domicilio electrónico, Ramírez rechazó que fuera una vía para evadir notificaciones, argumentando que una sociedad que declare un domicilio inexistente «se autoperjudica» al quedar notificada automáticamente. «Sería poco inteligente poner una sede social electrónica de la cual no voy a recibir notificaciones», ironizó.
Finalmente, Federico Sturzenegger se refirió al aspecto fiscal. Si bien admitió que no forma parte de la modificación legal que pretende este proyecto, dejó abierta la posibilidad de que el Congreso, al tipificar las sociedades automatizadas, pueda más adelante otorgarles un tratamiento impositivo específico si así lo decide.