El gobernador Maximiliano Pullaro ha delegado en los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares, la facultad de establecer y aprobar el régimen de la tarifa social de energía eléctrica en Santa Fe. Esta medida, detallada en un decreto provincial, busca definir los parámetros para su otorgamiento, los topes de consumo y la duración del beneficio, en un proceso que se espera finalizar antes de fin de año.
Alcance del Decreto y Beneficiarios Actuales
Mediante el Decreto N° 2746, el gobernador Maximiliano Pullaro confirió a Gustavo Puccini y Pablo Olivares la potestad de «establecer y aprobar el régimen de beneficio de la tarifa social de los usuarios de energía eléctrica, determinar los parámetros para su otorgamiento, tope de consumo, duración y/o renovación de dicho beneficio, en el ámbito de la Provincia de Santa Fe». Aunque el decreto no fija una fecha específica, fuentes del gobierno santafesino anticiparon que la definición de estos parámetros ocurrirá antes de que finalice el año.
Actualmente, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), principal prestadora del servicio en Santa Fe, reporta que 182.796 usuarios gozan de la Tarifa Social Provincial. Según la propia EPE, de un total de 1.358.764 usuarios residenciales en toda la provincia, estos beneficiarios acceden al esquema por razones de vulnerabilidad social, buscando garantizar la libertad de acceso y la cobertura del servicio público esencial.
Objetivos de la Reorganización y Eficiencia
El principal objetivo de esta delegación es reorganizar y actualizar el sistema de la tarifa social eléctrica en Santa Fe. Se busca optimizar su funcionamiento, dado que el consumo promedio actual de una familia tipo en la provincia se sitúa entre 800 y 1000 kW, si bien el decreto en vigencia prevé consumos mayores. Incluso se ha señalado que la política de tarifa social eléctrica de Santa Fe ofrece mayores beneficios que la nacional.
Uno de los puntos clave de la reforma es la «limpieza» del padrón de beneficiarios. Se detectaron casos de servicios a personas fallecidas o a prestanombres, lo que llevó a la determinación de «limpiar el listado de beneficiarios del sistema». Desde el gobierno provincial se insistió en la necesidad de «ser eficientes en el uso del subsidio, sabiendo que son muchos los santafesinos que lo necesitan». Además, se recalcó que «lo que va en subsidios de tarifas a EPE lo ponemos entre todos los santafesinos», enfatizando la responsabilidad colectiva.
El programa «EPE Social» no solo apunta a los sectores residenciales de los grandes centros urbanos y sus áreas metropolitanas, sino que también busca alcanzar a las comunas de toda la provincia, con un enfoque en áreas donde al menos el 75% de los hogares registra Necesidades Básicas Insatisfechas. En este sentido, la empresa destacó haber aumentado en cinco veces el presupuesto respecto al inicio de la gestión, lo que subraya la centralidad del programa para la actual administración.
Marco Legal y Antecedentes
El decreto firmado por Pullaro se fundamenta en el reconocimiento constitucional de la Provincia de Santa Fe de la responsabilidad ineludible del Estado para «realizar todas las acciones necesarias para remover los obstáculos de orden económico y social que limiten el desarrollo y la vida en condiciones dignas», comprometiéndose a adoptar acciones positivas para abordar la indigencia, la pobreza y la exclusión.
En este marco, la Ley N° 10014, orgánica de la EPE, faculta al Poder Ejecutivo a fijar tarifas preferenciales por razones de interés público, identificando los sectores o regiones beneficiados y arbitrando los medios necesarios para cubrir la diferencia y compensar a la Empresa Provincial de la Energía.
Históricamente, la EPE ha instituido sistemas de asistencia y tarifas sociales. El Decreto N° 2683/02 estableció un sistema de asistencia para usuarios con dificultades severas para abonar la factura, mientras que el Decreto N° 0449/11 aprobó tarifas residenciales sociales específicas y suspendió la aplicación de la Tarifa 1108 Carenciados para nuevos suministros. Este último decreto de 2011 ya establecía que el Ministerio de Economía debía arbitrar la metodología de compensación a la EPE y fijar el cupo máximo de beneficiarios anualmente, en función de las previsiones presupuestarias.
Fundamentos de la Delegación de Tareas
Los considerandos del nuevo decreto señalan que «la complejidad del universo de potenciales beneficiarios y la dinámica socioeconómica de la Provincia torna necesaria la implementación de un mecanismo ágil y coordinado para determinar, aprobar y establecer el régimen y los parámetros de otorgamiento, duración y/o renovación del beneficio de la tarifa social de energía eléctrica, que permita una adecuación constante a las necesidades de los usuarios y a las disponibilidades presupuestarias».
La delegación de esta tarea específica en los ministros Puccini y Olivares se justifica en la «órbita específica de ambos ministerios para determinar y aprobar topes de consumo, instrumentar los parámetros de otorgamiento del beneficio, arbitrar la metodología de compensación a la EPE y determinar los cupos máximos de beneficiarios». El decreto también establece que, una vez que los ministros emitan la resolución correspondiente, esta deberá ser comunicada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública en un plazo no mayor a 48 horas.