El gobierno provincial analiza el Decreto 969/2024, que establece un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado nacional y las provincias, mientras se prioriza la sostenibilidad financiera y los beneficios a largo plazo.
El gobierno de Santa Fe ha adoptado una postura cautelosa respecto a la reciente propuesta del gobierno nacional que busca compensar deudas y créditos a través del Decreto 969/2024. Esta normativa introduce un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que involucra al Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La iniciativa fue presentada el jueves por el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y su publicación en el Boletín Oficial de la Nación se realizó al día siguiente.Desde diversas áreas del Poder Ejecutivo provincial, se está llevando a cabo un análisis exhaustivo de los detalles del decreto. La intención es comprender completamente las implicancias que esta medida podría tener en la situación financiera de Santa Fe. Aunque la propuesta ofrece una posible solución para las provincias que enfrentan dificultades económicas debido a deudas acumuladas, el gobierno provincial enfatiza la importancia de evaluar cuidadosamente los términos y condiciones antes de avanzar.Uno de los principales puntos de preocupación es cómo este régimen podría afectar la autonomía financiera de Santa Fe y su capacidad para manejar sus propias obligaciones. La administración provincial está comprometida a garantizar que cualquier acuerdo alcanzado no solo sea beneficioso en el corto plazo, sino que también promueva una estabilidad financiera sostenible en el futuro.Además, se espera que esta evaluación incluya consultas con expertos en finanzas públicas y análisis comparativos con otras provincias que podrían verse afectadas por el mismo decreto. La cautela del gobierno santafesino refleja una estrategia proactiva para proteger los intereses económicos de la provincia y sus ciudadanos.En este contexto, Santa Fe se prepara para tomar decisiones informadas que aseguren que cualquier medida adoptada sea realmente ventajosa y no comprometa su salud fiscal a largo plazo. La situación sigue evolucionando y se anticipa un seguimiento cercano a las reacciones tanto del gobierno nacional como de otros actores políticos y económicos en el ámbito provincial.