Santa Fe se prepara para su quinta megasubasta de bienes decomisados, un evento que se realizará a mediados de abril en el Salón Metropolitano de Rosario. El Gobierno provincial sorteó a los martilleros que intervendrán en el remate de elementos secuestrados en causas judiciales por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), una iniciativa que, en sus cuatro ediciones anteriores, ya superó los 3.500 millones de pesos recaudados.
El proceso y la colaboración interinstitucional
El sorteo de los profesionales, clave para la concreción del evento, se llevó a cabo tras un convenio con los Colegios de Martilleros de la Primera y Segunda Circunscripción de la provincia de Santa Fe. Este acuerdo garantiza la transparencia y el respaldo institucional en la designación de los veinte martilleros titulares —diez de Rosario y diez de Santa Fe— que colaborarán en el desarrollo de la subasta de los bienes incautados a diversas organizaciones criminales.
Una subasta récord en bienes y trascendencia
El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia de esta quinta subasta bajo la gestión de Maximiliano Pullaro, calificándola de «inédita a nivel país» por la política de «quitarle los bienes a los delincuentes y subastarlos públicamente».
Figueroa Escauriza adelantó que se subastarán entre 140 y 150 lotes, con el objetivo de convertirla en la edición con mayor cantidad de autos y motos. «Estamos tratando de que sea la subasta más grande en cantidad de autos y motos. O sea, intentando que haya mucha diversidad de motocicletas, también que termina siendo una herramienta en muchos casos y una salida laboral, y autos, de los cuales muchos van a estar en menos de un millón de pesos», precisó el funcionario. Además, reveló que se está evaluando la posibilidad de rematar un avión, lo que sería la primera vez en la historia de las subastas públicas de la Aprad.
Transparencia y el destino de los fondos
Figueroa Escauriza enfatizó el triple destino de los fondos recaudados, un pilar fundamental de la transparencia del proceso: en primer lugar, el resarcimiento a víctimas, a quienes ya se les devolvieron más de 200 millones de pesos en estos dos años de gestión. En segundo lugar, el autofinanciamiento de la Aprad, que opera sin presupuesto provincial, cubriendo sus gastos con el dinero recuperado del delito. «Por ejemplo, ordenamos todas las comisarías de Rosario sacando los autos de las comisarías y cada grúa que usamos la pagamos con la plata que recuperamos de la subasta», explicó. Finalmente, los fondos se destinan a políticas sociales, a través de donaciones a escuelas, clubes y vecinales, «transformando lo que le quitamos a la delincuencia en bienes que sirvan a la sociedad y devolviéndolo a la sociedad que tantas veces fue víctima de estos mismos delincuentes».
El apoyo de los martilleros
El presidente del Colegio de Martilleros de Rosario, Pablo Porta, expresó el acompañamiento institucional a la iniciativa: «Nosotros acompañamos como institución esta iniciativa y festejamos ser reconocidos en este sentido, acompañando a Aprad y a la Provincia en un acto transparente, abierto, para los 400 matriculados que tenemos en nuestro colegio y volcando este dinero a las acciones que la provincia necesita».
En la actividad también estuvieron presentes el secretario de Cooperación Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha; el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich; y el director de Aprad, Martín Domené.
Sobre la Aprad
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), creada en 2016 por Ley Nº 13.579, es una entidad autárquica que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.
Su función es administrar todos los bienes y efectos secuestrados o sujetos a otras medidas judiciales por delitos o contravenciones. Estos bienes, de variada especie —como autos, insumos informáticos, celulares o joyas— tienen como objetivo primordial su utilidad social. La ley establece su destino: los vehículos pueden ser asignados para uso de la Policía, institutos penitenciarios, educativos o asistenciales del Estado Provincial, rematados o compactados; mientras que elementos de cocina, muebles o vestimenta pueden ser entregados a entidades de beneficencia.