El Poder Ejecutivo de Santa Fe elevó a la Legislatura un proyecto de ley que propone once modificaciones sustanciales a seis normativas clave en materia de seguridad pública, entre ellas el Código de Procedimiento Penal, la Ley Penitenciaria, la Ley de Inteligencia y la Ley de Recompensas.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezará este lunes en la ciudad capital una reunión de gabinete que tendrá como eje central el proyecto de ley de seguridad, que ingresó a la Cámara de Diputados el jueves pasado. La iniciativa, que busca endurecer métodos y procedimientos en la lucha contra la criminalidad en la provincia de Santa Fe, ya había sido adelantada en sus trazos generales a un grupo de legisladores del oficialismo por los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno, Fabián Bastía. Sin embargo, la propuesta genera un fuerte debate interno en el frente Unidos; fuentes consultadas por El Litoral vaticinan que el texto «saldrá con muchos cambios». El Ejecutivo justifica estas reformas en sus considerandos, señalando que «no todos los contextos delictivos son equivalentes» y que se busca «introducir herramientas específicas para supuestos de criminalidad organizada, violencia estructural y situaciones de urgencia operativa».
Modificaciones en el Código de Procedimiento Penal (CPP)
El proyecto busca reformar el Código de Procedimiento Penal en varios puntos cruciales. Uno de ellos es la declaración informativa e interrogatorio policial, que restituye la figura de la «declaración informativa» para agilizar la recolección de información inicial, evitando que personas que podrían ser imputadas declaren como testigos. Además, se plantea eliminar la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado, argumentando que no se afecta el derecho de defensa, sino que se reconfigura temporalmente su ejercicio.
Otra reforma significativa es la ampliación del juicio penal en rebeldía. Se considera que no se vulnera el derecho de defensa si el acusado es notificado debidamente, quedando a su criterio comparecer o no. Se prevé la revisabilidad de la condena y se regula la aparición tardía del imputado si justifica su incomparecencia.
En cuanto a la validación probatoria, se regulan expresamente supuestos de admisibilidad de pruebas que operan como excepción a la regla de exclusión, buscando mayor flexibilidad en lo que puede admitirse como evidencia en un juicio. Finalmente, se agrega el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública como un supuesto sin orden judicial previa, bajo el fundamento de evitar el ocultamiento y la pérdida de evidencia.
Nuevas Facultades para Fiscalías
La iniciativa también introduce mayores atribuciones para el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Santa Fe. Se propone el derribo por orden fiscal para la inactivación física de inmuebles destinados al microtráfico y otros delitos, en casos de «extrema obviedad» y razones de seguridad y salubridad. Asimismo, se habilitan medidas coercitivas por decreto fiscal que no implican privación de libertad, permitiendo a la Fiscalía imponerlas de manera fundada como una herramienta menos gravosa para los derechos individuales. Por último, se incorpora el procedimiento por decreto penal para casos contravencionales y de criminalidad de bajo impacto, siempre que no aplique penas de privación efectiva de la libertad.
Cambios en el Régimen Penitenciario y el Sistema de Inteligencia
El paquete de reformas incluye un régimen agravado para internos de alto perfil que ordenen delitos graves desde la cárcel. Estos reclusos serán sometidos a medidas de aislamiento extremo y se les suspenderán los privilegios de visita física, garantizando solo el contacto familiar por medio de correspondencia epistolar sujeta a fiscalización.
En el ámbito de la inteligencia, se busca el fortalecimiento de las actividades incorporando expresamente el espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema. La medida pretende «fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva».
Ampliación de Recompensas y Zonas de Intervención Policial
El programa de recompensas también experimentará cambios con su ampliación, permitiendo a los órganos ejecutivos realizar ofrecimientos fuera del marco investigativo, con propósitos preventivos o de seguridad pública. Finalmente, se propone la creación de zonas de intervención policial especial. Derivadas de la facultad genérica de demora en averiguación de antecedentes, los órganos ejecutivos podrán intervenir policialmente áreas específicas en función de los indicadores de criminalidad, lo que podría habilitar facultades de excepción en la regulación del espacio público y la circulación de personas.