viernes, agosto 7

Nación ofrecen recompensa millonaria por prófugo buscado por narcotráfico y homicidio

El Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante la Resolución 762/2026, oficializó un ofrecimiento de recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos fehacientes que permitan la localización y detención de Diego Nicolás Blanco, alias «Nico» o «Pipo». El sujeto cuenta con una orden de captura vigente desde el 30 de junio de 2026, en el marco de una causa por narcotráfico y su presunta responsabilidad en un homicidio cometido en la ciudad de Santa Fe. La medida, impulsada a solicitud de la Justicia Federal, busca agilizar la resolución de investigaciones complejas vinculadas al crimen organizado en la región.

La resolución ministerial y el perfil del buscado

La disposición administrativa se fundamenta en un requerimiento formal de la Unidad Fiscal Rosario, organismo que lidera las actuaciones por delitos contemplados en la Ley 23.737 de estupefacientes y hechos conexos de criminalidad organizada. Según consta en el expediente judicial, Blanco se encuentra formalmente imputado por tráfico agravado de estupefacientes, figurando como un eslabón clave en las estructuras bajo investigación.

El ofrecimiento de la recompensa se enmarca en la Ley Nacional 26.538, que regula el sistema de aportes pecuniarios para la colaboración en procesos penales. Las autoridades han dispuesto la difusión del afiche oficial de búsqueda a través de las fuerzas federales y medios de comunicación, con el objetivo de extender la vigilancia a todo el territorio de la República Argentina, dada la posibilidad de que el imputado haya abandonado la jurisdicción provincial.

Antecedentes y vinculación con hechos de sangre

Más allá de la infracción a la ley de drogas, la situación procesal de Blanco reviste gravedad extrema debido a su presunta participación en un homicidio ocurrido en el ámbito de la capital santafesina. La investigación judicial establece una conexión directa entre el buscado y la captación violenta en la vía pública de Gastón Montenegro, un hombre que posteriormente fue hallado sin vida.

Este hecho de sangre forma parte de la instrucción que tramita ante los tribunales federales con asiento en Rosario. Los pesquisas consideran que el paradero de Blanco es una pieza fundamental para desarticular la operatividad de la célula criminal bajo sospecha, motivo por el cual la fiscalía interviniente solicitó elevar el carácter de la búsqueda mediante el incentivo económico para eventuales informantes.

Funcionamiento del Programa Nacional de Recompensas

El sistema de colaboración ciudadana se canaliza de manera exclusiva a través de la línea telefónica gratuita 134. La normativa vigente estipula que la identidad de las personas que brinden información será preservada de forma estricta, garantizando el anonimato durante todo el proceso administrativo y judicial para evitar represalias por parte de las organizaciones criminales involucradas.

Desde el Ministerio de Seguridad se aclaró que el pago del monto estipulado no es automático tras la comunicación. Una vez recibida la información, la autoridad judicial debe evaluar la pertinencia y utilidad de los datos aportados. Solo en caso de que la información resulte determinante para concretar la captura de Blanco, el magistrado interviniente elevará un informe sobre el mérito de la colaboración para autorizar el desembolso de los fondos.

Procedimiento para la colaboración ciudadana

Las autoridades recomiendan a la población mantener una actitud de prudencia y limitarse estrictamente al aporte de datos concretos y verificables a través de los canales oficiales. Se desaconseja cualquier intento de localización o contacto directo con el sospechoso, así como la difusión de versiones no ratificadas en plataformas digitales que puedan alertar al fugitivo y entorpecer las tareas de inteligencia criminal.

Toda comunicación debe ser dirigida únicamente al Programa Nacional de Recompensas, evitando la exposición pública de información sensible. Este protocolo busca asegurar que los elementos probatorios lleguen directamente a los investigadores encargados de la causa, optimizando los tiempos procesales para lograr la detención del imputado y su posterior comparecencia ante los estrados judiciales.