El Poder Ejecutivo de Santa Fe finaliza la nómina de candidatos a jueces para distintos fueros y distritos, mientras la Legislatura provincial se prepara para importantes cambios en sus reglas internas, exigidos por la nueva Constitución. En un contexto de receso por la campaña electoral, se espera que en las próximas semanas ingresen a la Cámara de Diputados y Senadores los pliegos judiciales y el proyecto de Presupuesto 2026, así como la reforma de los reglamentos que adapten su funcionamiento a la nueva Carta Magna.
Agenda Legislativa en Receso Electoral
La Legislatura de Santa Fe ha desacelerado su actividad, con la mayoría de senadores y diputados enfocados en la campaña para las elecciones nacionales del 26 de octubre, que definirán las nueve bancas que corresponden a la provincia en la Cámara de Diputados del Congreso. Ni el Senado ni Diputados fueron citados para sesiones esta semana ni lo serán la próxima.
La próxima cita clave en el calendario legislativo santafesino es la convocatoria a la Asamblea Legislativa para el 30 de octubre. En esa fecha, o en los días subsiguientes, se aguarda el ingreso de un mensaje del Poder Ejecutivo con al menos nueve pliegos de candidatos a jueces de diferentes fueros y distritos. También la última semana de octubre debe ingresar el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos 2026, que está siendo elaborado por el Ministerio de Economía, liderado por Pablo Olivares, en consulta con legisladores oficialistas. La fecha límite del 31 de octubre para la presentación del Presupuesto es una disposición explícita de la nueva Constitución Provincial, vigente desde el 12 de septiembre.
La Nueva Constitución y el Cambio de Horizontes Legislativos
La reciente reforma constitucional ha extendido significativamente los períodos de sesiones ordinarias en la Legislatura de Santa Fe. Anteriormente, iban del 1 de mayo al 31 de octubre, con posible prórroga hasta el 30 de noviembre. Ahora, el artículo 75 establece que «ambas Cámaras se reúnen en sesiones ordinarias desde el 15 de febrero hasta el 30 de noviembre de cada año».
La Carta Magna también clarifica las sesiones extraordinarias: el Poder Ejecutivo puede convocarlas cuando lo considere necesario y sólo para tratar los asuntos que determine. Las Cámaras, por su parte, pueden autoconvocarse a pedido de la cuarta parte de sus integrantes y por tiempo limitado para tratar graves asuntos de interés público. Además de los cambios en los tiempos legislativos, la Constitución simplificó el trámite para la sanción de leyes, reduciéndolo de cinco a tres pasos, y dispuso restricciones a los fueros parlamentarios.
Adaptación de los Reglamentos Internos
Esta nueva fecha de apertura del año legislativo obliga a modificaciones parciales en los reglamentos de ambas cámaras legislativas, las cuales deben ser adaptadas al texto constitucional. Ya circulan anteproyectos de reforma en los despachos, con el objetivo de lograr un intercambio y consenso entre los distintos espacios políticos. «Debemos aprobar los cambios antes de finalizar noviembre», señaló un diputado involucrado en la temática, coincidiendo con la opinión de un senador consultado por El Litoral.
Entre los puntos a modificar, se destaca lo referente a las sesiones preparatorias, especialmente en la Cámara de Diputados. Estas sesiones, que anteceden al mensaje inaugural del gobernador ante la Legislatura, designan a las autoridades parlamentarias del año. El reglamento actual de Diputados (artículo 1) establece la reunión «el día 25 de abril de cada año» para elegir su mesa directiva. La nueva fecha de la preparatoria deberá adelantarse a la primera quincena de febrero, y ya se discuten borradores sobre si será un día determinado o cómo se dispondrá la convocatoria para que el 15 de febrero la mesa directiva esté ya constituida.
En el Senado, el reglamento no presenta inconvenientes en este aspecto, ya que permite que la Cámara «celebrará sesiones preparatorias dentro de los diez días anteriores del señalado por la Constitución Provincial para la apertura del período ordinario». Esto significa que en la Cámara Alta la preparatoria se realizará entre el 5 y el 15 de febrero. No obstante, el artículo 19 del reglamento del Senado sí está desactualizado al referir la apertura del 1º de mayo al 31 de octubre para sesiones ordinarias. Las reformas también abarcarán el orden del debate de proyectos, siguiendo algunos de los lineamientos adoptados por la Convención Reformadora.
Iniciativa para Profesionalizar Peritos Laborales
En otro orden de temas, el diputado José Corral (UCR) presentó un proyecto de ley para reformar tres artículos de la Ley 7945, que estableció el Código Procesal Laboral, específicamente en lo que respecta a los peritos. Este proyecto, junto a otra iniciativa de su par Martín Rosúa, tiene preferencia para la próxima sesión.
Según Corral, la propuesta busca «contribuir a la disminución de la litigiosidad laboral en la Provincia de Santa Fe mediante la implementación obligatoria del cuerpo especializado de peritos profesionales en el ámbito del Poder Judicial». Para ello, se propone la modificación de los artículos 76, 82 y 83 del Código Procesal Laboral con el propósito de establecer criterios más claros, uniformes y eficientes en materia de prueba pericial y regulación de honorarios.
El vicepresidente de la Cámara destacó que en los últimos años, Santa Fe ha experimentado un alarmante crecimiento de los juicios laborales, lo que, a su juicio, «compromete no sólo el funcionamiento del sistema judicial, sino también la seguridad jurídica de empleadores y trabajadores». Citando datos recientes de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades Empresarias de la Provincia de Santa Fe (FECOI), Corral informó que los juicios laborales aumentaron un 92% en solo dos años, a pesar de una disminución en la tasa de siniestralidad laboral. El proyecto, concluyó, apunta a profesionalizar y jerarquizar la actividad pericial para asegurar calidad técnica uniforme, transparencia y previsibilidad en la regulación de honorarios, reducción de tiempos procesales mediante la disponibilidad inmediata de peritos oficiales, y disminución del conflicto judicial originado por pericias contradictorias o deficiencias técnicas.