Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, se presentó este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para comenzar a cumplir una condena de cuatro años de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once. La medida se efectivizó luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 4, dejando firme la pena impuesta y habilitando su ejecución inmediata.
Ratificación de la condena y fin de un largo proceso
La máxima instancia judicial del país ratificó la sentencia contra De Vido, poniendo fin a un extenso proceso judicial que se extendió por varios años. Esta decisión se tomó en el marco de una de las causas más emblemáticas de la historia reciente argentina, originada por el trágico accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 personas fallecidas y más de 700 heridas.
La Justicia había confirmado de manera definitiva la responsabilidad de De Vido en el siniestro. Previamente, el Tribunal Oral Federal 4 había rechazado los recursos presentados tanto por la defensa del exministro como por el Ministerio Público Fiscal, calificando ambos pedidos como “inadmisibles” en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Con esta resolución, quedó habilitada no solo la ejecución de la pena de prisión, sino también la inhabilitación especial perpetua que pesa sobre el exfuncionario.
Rechazo a la prisión domiciliaria
La defensa de Julio De Vido había solicitado que la pena se cumpliera bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Los argumentos esgrimidos incluían motivos de salud y la avanzada edad del exministro. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 4 resolvió que no existían fundamentos suficientes para conceder este beneficio. En consecuencia, el exministro deberá reincorporarse a la prisión para cumplir la condena efectiva.
Detalles de la condena y responsabilidad
En 2018, el Tribunal Oral Federal 4 había condenado a De Vido por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La acusación se basó en su incumplimiento del deber de supervisión sobre el uso de los fondos públicos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo —vinculado directamente a las muertes y lesiones—, se lo responsabilizó por la gestión deficiente de los recursos estatales durante su gestión.
La condena fue posteriormente ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, instancia que cerró todas las posibilidades de revisión judicial antes de la intervención de la Corte Suprema.
Un precedente en la Justicia argentina
La presentación de Julio De Vido en los tribunales y el inicio del cumplimiento de su condena marcan un punto clave en la causa de la Tragedia de Once. Este hecho establece un importante precedente en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios públicos en la supervisión de recursos estatales y la seguridad del transporte ferroviario.