El Senado Nacional se apresta a debatir este jueves un proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que, para el oficialismo, es crucial para atraer inversiones al país y recomponer la seguridad jurídica. La iniciativa, explicada en detalle por el vocero presidencial Adrián Ravier, es vista por la oposición como una «entrega de soberanía», anticipando un arduo cruce en torno a sus propuestas sobre expropiaciones, desalojos y el régimen de tierras rurales.
El Proyecto Clave en el Senado
La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, se presenta como un pilar para eliminar restricciones y fomentar las inversiones extranjeras en Argentina. Propone cambios sustanciales en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y reformas a diversas leyes, como la de tierras rurales y la de manejo del fuego. El texto, compuesto por cinco capítulos, ingresó en marzo a la Cámara alta y ya ha sido objeto de 13 modificaciones en sus distintos pases a comisión, anticipándose nuevos cambios durante su tratamiento en el recinto.
La Fundamentación del Oficialismo
El vocero presidencial Adrián Ravier dedicó gran parte de su rueda de prensa del martes en Casa Rosada a explicar los fundamentos de la propuesta oficialista. Con alusiones directas a Juan Bautista Alberdi y a las bases de la Constitución Nacional de 1953, Ravier definió la propiedad como «una extensión de la libertad individual» y la «condición del desarrollo económico», argumentando que «nadie invierte o produce si entiende que sus bienes pueden ser confiscados o expropiados sin garantías».
En estos principios, arraigados en el artículo 17 de la Constitución Nacional, se sustenta la idea de que «los argentinos trabajen en suelo argentino, pero también queremos invitar a los extranjeros a que vengan a invertir en nuestro país y puedan fomentar más generación de empleo». Ravier hizo referencia al «modelo agroexportador que se extendió por 60 años», y señaló un quiebre con el fallo «Ercolano c/ Lanteri de Renshaw» de la Corte Suprema de Justicia, que «estableció que la propiedad privada no es un derecho absoluto y que el Estado puede limitarla por razones de interés público o emergencias». Según el vocero, «esa inseguridad jurídica ahuyentó la inversión y las oportunidades de crecimiento y empleo», ubicando a Argentina 41 puntos por debajo del promedio mundial en el índice de libertad económica. El proyecto, para el oficialismo, busca «recomponer un derecho constitucional».
Los Cinco Capítulos de la Reforma
Más allá de la defensa oficialista, se anticipa un debate complejo en el Senado sobre los puntos específicos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada:
1. Expropiaciones
Argentina ostenta el segundo récord internacional en denuncias ante el Ciadi, muchas de ellas vinculadas a expropiaciones. El oficialismo argumenta que la ley actual es «obsoleta» y «deja zonas grises». Se proponen conceptos más exigentes de utilidad pública, la necesidad de demostrar que la expropiación es idónea y, de ser necesaria, garantizar una reparación plena que cubra el valor del bien y el lucro cesante del expropiado.
2. Desalojos
El capítulo busca agilizar la recuperación de propiedades ocupadas. Se propone que los desalojos se tramiten por juicio sumarísimo, reduciendo significativamente el plazo promedio de resolución de años a meses, con el objetivo de que los propietarios recuperen sus bienes lo antes posible.
3. Ley de Tierras Rurales
Ravier criticó la ley de 2011, que «criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros», contradiciendo el espíritu constitucional que «reconoce los mismos derechos civiles a nacionales y extranjeros» y promueve la inmigración. Se busca «levantar restricciones generales de adquisición de tierras por extranjeros», mientras se endurecen los controles sobre los estados extranjeros. Se mencionan proyectos millonarios en el sector foresto-industrial en regiones como NEA, Cuyo y Patagonia que actualmente están paralizados por estas trabas.
4. Manejo del Fuego
El vocero aseguró que «la protección de los bosques nativos no se toca». La reforma se enfoca en modificar la ley de 2020, que «extendió las restricciones a campos agrícolas y bosques implantados», lo que derivó en un «castigo doble para el productor» al paralizar el uso del suelo por 30 a 60 años tras un incendio. Según Ravier, «la veda no evitó incendios, sino que castigó incendios accidentales».
5. Registro de Propiedad del Inmueble
El último capítulo apunta a la modernización y digitalización del sistema registral. Se establecerán plazos máximos para los trámites y se creará una Ventanilla Única Federal para acceder a la información registral, respetando la autonomía de los trámites provinciales. Ravier concluyó que «el Estado debe garantizar certezas y no convertirse en un obstáculo entre los ciudadanos y su propiedad».
La Visión Crítica de la Oposición
Esta visión no es compartida por los bloques opositores, que anticipan fuertes reparos durante el debate. Manifiestan preocupaciones sobre la posible pérdida de soberanía ambiental, un agravamiento de la situación de vulnerabilidad social con los «desalojos exprés» y un incentivo a la especulación inmobiliaria, incluyendo posibles incendios provocados.
La inviolabilidad de la propiedad privada es, además, el primer punto del Pacto de Mayo que el presidente Javier Milei firmó el 9 de julio de 2024 con 18 gobernadores. En aquel entonces, se advirtió que este derecho ya estaba contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. El objetivo de la actual iniciativa es modificar las leyes que representan alguna restricción a ese derecho, como las relativas a la compra de tierras por parte de extranjeros.