La denominada «Ley Hojarasca», que propone la derogación de más de 70 normas consideradas obsoletas, obtuvo este martes dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados. La iniciativa, defendida por funcionarios del equipo de Federico Sturzenegger como un ordenamiento jurídico esencial para brindar certeza a ciudadanos y a la administración pública, contó con el respaldo del oficialismo y sus aliados.
El Respaldo Político y los Dictámenes
El dictamen de mayoría fue respaldado por La Libertad Avanza, el Pro y la Unión Cívica Radical, sumando también las firmas de los legisladores misioneros Daniel Vancsik y Alberto Arrúa, de Innovación Federal. En contraste, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría firmado por los 23 vocales presentes, mientras que el interbloque Unidos también aportó su propio dictamen con cuatro adhesiones. Este dictamen exprés busca simplificar el marco normativo nacional.
Modificaciones al Proyecto Original
La redacción original de la Ley Hojarasca, enviada por el Poder Ejecutivo, sufrió modificaciones significativas tras su paso por comisiones. La Libertad Avanza aceptó excluir de la lista de derogaciones la Ley 11.380, luego de reclamos presentados en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG. Asimismo, quedó sin efecto la derogación prevista de la Ley 20.959, que garantiza la credencial o oblea de libre circulación para los legisladores nacionales.
La Visión de los Funcionarios
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y exdiputado radical por San Luis, defendió la iniciativa como «una necesidad para la certeza de los ciudadanos y qué normas les rige». Cacace comparó el proyecto con digestos jurídicos anteriores, argumentando que ordenar el sistema jurídico permitirá clarificar las normativas vigentes, y señaló la existencia de una «inflación legislativa» con un millón de normas entre decretos, leyes y DNU. Explicó, además, que miles de leyes quedaron en un limbo tras marcos anteriores. Por su parte, Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, explicó que el proyecto establece seis categorías para clasificar las normas, destacando que la primera sustituye marcos viejos por leyes nuevas para reducir conflictos y confusión normativa.
Detalles de las Exclusiones
La propuesta inicial de derogar más de 70 normas obsoletas fue ajustada. Además de las ya mencionadas exclusiones de la Ley 11.380 y la preservación de la Ley 20.959, el dictamen oficialista también estableció que no se avanzará con la eliminación de la financiación de los Círculos de Legisladores. Sobre la Federación Argentina de Municipios, se realizarán únicamente cambios de menor índole en la redacción, según consta en el plenario. Fuentes del proceso indicaron que el proyecto estructura categorías claras para clasificar las normas obsoletas y que la preservación de ciertas normativas respondió a reclamos puntuales presentados en comisiones especializadas.
Las Comisiones a Cargo
El plenario contó con la defensa pública de funcionarios del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado. La comisión de Legislación General, presidida por Santiago Santurio, designó al radical Diógenes González como vicepresidente 2° y a Lucía Cámpora como secretaria 2°. Por su parte, la comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz, fijó a Graciela Parola en la vicepresidencia 2°, de acuerdo con las actas del plenario. Al cierre del debate técnico, los impulsores defendieron el dictamen oficialista como un mecanismo de simplificación normativa dirigido a ciudadanos, poderes públicos y órganos de la administración.