El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, informó ante legisladores que las únicas reparaciones que realiza Vialidad Nacional en la provincia son las ordenadas por la justicia, mientras que las gestiones para reanudar importantes obras de agua potable y saneamiento, como las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, atraviesan una ardua y trabajosa negociación con el gobierno nacional y las empresas contratistas. El funcionario enfatizó la situación de «deriva» del país en materia de infraestructura vial nacional y criticó la cancelación de la obra pública, a la vez que adelantó un ambicioso plan para ordenar el ingreso a los puertos del sur provincial.
Radiografía de Rutas Nacionales y el Abandono de la Obra Pública
Enrico, acompañado por el viceministro Marcos Renna, presentó un crítico panorama ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados, que preside el radical Dionisio Scarpin. «En materia de rutas nacionales, el país está a la deriva. No hay plan, no hay gestión ni compromiso con la realidad que padece el interior», sentenció el ministro, una frase que reiteró ante los legisladores. Subrayó que los escasos arreglos que Vialidad Nacional realiza en arterias clave como las rutas 11, 33 y 178 se deben exclusivamente a órdenes judiciales, fruto de presentaciones ante la justicia federal por parte de legisladores, vecinos y municipios. En contraste, destacó que la iluminación de la Avenida de Circunvalación Oeste de Santa Fe, parte de la Ruta Nacional 11, fue ejecutada por el propio gobierno santafesino para evitar que se convierta en una «boca de lobo».
El ministro hizo notar la «cancelación de la obra pública» por parte del gobierno nacional y mencionó el cambio de postura en la concesión de corredores. Citó la licitación del corredor de las rutas nacionales 12 y 14, más el Puente Rosario-Victoria, para la cual el gobierno, que había prometido inversión privada, terminó anunciando un crédito del BICE.
La Intensa Negociación por Obras de Agua y Saneamiento
Parte de la reunión se centró en las gestiones de Marcos Renna ante organismos nacionales para reanudar obras de saneamiento y agua potable comprometidas en un convenio firmado en junio de 2024 por el gobernador Maximiliano Pullaro y el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos. Renna describió una «trabajosa negociación» en la que también participan las empresas adjudicatarias de las licitaciones.
Entre las obras de saneamiento que Nación se había comprometido a continuar se encuentran la prosecución del Acueducto San Javier – Tostado (actualmente paralizado), las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Granadero Baigorria (en negociaciones con contratistas), la planta depuradora de líquidos cloacales en Rafaela (también paralizada) y el refuerzo del acueducto de Rosario. En cuanto a obras cloacales, Enrico priorizó la de Reconquista, donde solo el 55% de la población cuenta con el servicio.
Paralelamente, la provincia de Santa Fe asumió la financiación de la obra sobre el arroyo Saladillo en Rosario, la cual está en marcha, además de planes de vivienda en el interior y la continuidad de escuelas iniciadas por el gobierno nacional antes de 2023. Los funcionarios provinciales insistieron en reclamar el traspaso a jurisdicción santafesina de la AO 12, que circunvala Rosario y fue la Ruta Provincial 16, subrayando que parte de los recursos de cada carga de combustible se destinan al fondo de obras públicas.
El Circuito de Ingreso a Puertos (CIP): La Gran Apuesta
El ministro Enrico se comprometió a regresar el 29 de octubre a la Comisión de Obras Públicas para presentar en detalle el «Circuito de Ingreso a Puertos» (CIP), al que definió como «el mayor desafío por delante de mi gestión». Este proyecto busca planificar, organizar y ordenar el ingreso de camiones a los 32 puertos que se extienden desde Timbúes hasta Arroyo Seco, una zona de convergencia de rutas nacionales, provinciales, caminos municipales y vías férreas.
El CIP, que requerirá una serie de leyes para su implementación, contempla entre 350 y 450 kilómetros de vías alternativas para agilizar el tránsito portuario. Una de las claves para Santa Fe es lograr que el gobierno nacional transfiera la jurisdicción sobre la AO 12, crucial para el sistema. La financiación de la obra podría provenir, en parte, del propio peaje que pagan las cargas. «Hay que salvar todas las interferencias para que los camiones puedan llegar a los puertos de la manera más rápida y ágil posible», destacó Enrico.
Enrico y Renna adelantaron que habrá aportes de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que se está actualizando el estudio elaborado en su momento por la Universidad Nacional de Rosario. Aunque algunos trabajos preliminares, como el tercer carril en la cabecera sur de la autopista Santa Fe – Rosario y ciertos puentes, ya se realizan en la zona, el anuncio del CIP requiere una exhaustiva coordinación entre el gobierno central, la provincia, los municipios y las empresas ferroviarias.