La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria en la demanda de Entre Ríos contra el Estado Nacional por incumplimientos del Consenso Fiscal de 2017, relacionado con el financiamiento de las cajas previsionales provinciales. El litigio entrerriano se suma a los que ya mantienen Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires ante el máximo tribunal por la deuda acumulada y la interrupción de fondos destinados a sus respectivas cajas jubilatorias.
Entre Ríos reclama $154.000 millones
La Provincia de Entre Ríos exige al Estado Nacional el pago de $154.606.298.614, correspondientes a transferencias comprometidas en el Consenso Fiscal de 2017 para financiar su régimen previsional. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dispusieron correr traslado de la demanda al Estado Nacional, que deberá responder en un plazo de sesenta días, sustanciándose la causa por la vía del proceso ordinario.
Santa Fe aguarda resolución
Santa Fe, por su parte, reclama el pago de compensaciones adeudadas desde 2020 por la Nación a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES. El gobierno santafesino exige tanto el pago de la deuda acumulada, estimada entre $500.000 millones y $1,2 billones, como la reanudación de los fondos mensuales interrumpidos desde enero de 2024. En junio de este año, la Corte convocó a una audiencia de conciliación con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro y ex mandatarios provinciales, quienes coincidieron en la necesidad de «defender hasta el último centavo que le corresponde a Santa Fe».
Acuerdos parciales y deudas millonarias
Córdoba logró un acuerdo parcial con la Nación, que reconoció una deuda y se comprometió a pagar $10.000 millones en cuotas mensuales durante 2025. Este acuerdo podría sentar un precedente para la resolución de otros litigios provinciales. Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, reclama más de $1,6 billones por transferencias previsionales no giradas, y advierte que la deuda total de la Nación con su distrito, por diversos conceptos, supera los $5 billones, agravada por la suspensión de envíos dispuesta por el Decreto 280/2024.
La Corte en el centro de la disputa
La acumulación de estos casos coloca a la Corte Suprema en el centro de una disputa que involucra las finanzas públicas y el federalismo. Los fallos que se dicten no solo impactarán en las arcas provinciales, sino que podrían redefinir la relación fiscal entre la Nación y las provincias en materia previsional.
El reclamo entrerriano y el Consenso Fiscal de 2017
La demanda entrerriana, iniciada en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal del Estado Julio César Rodríguez Signes, señala al Ministerio de Trabajo y a la ANSES como responsables del incumplimiento del Consenso Fiscal firmado en 2017 con el entonces presidente Mauricio Macri. El acuerdo establecía, entre otros puntos, la modificación del decreto reglamentario de la ley 27.260 para eliminar penalizaciones por la no armonización de sistemas previsionales locales, asegurar que la ANSES continuara liquidando anticipos mensuales y mantener un mecanismo de anticipos automáticos calculados en base al déficit del año anterior. Entre Ríos también reclama $5.000 millones por pagos demorados de excedentes de Salto Grande. La Corte, al declarar su competencia originaria, consideró la necesidad de conciliar las prerrogativas jurisdiccionales de la provincia de Entre Ríos y el Estado Nacional.
La situación en Santa Fe
El reclamo santafesino se centra en el no pago de la compensación que la Nación debe girar a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias. Si bien el Estado Nacional reconoce la deuda, la discusión se centra en la magnitud del stock acumulado y la interrupción del flujo de fondos desde enero de 2024, atribuida por Santa Fe al incumplimiento del Decreto 280/2024. La provincia rechazó una oferta de la Nación de $10.000 millones mensuales por seis meses, considerándola insuficiente. Mientras se dirime el monto total de la deuda, se mantiene una medida cautelar para restituir el flujo de fondos interrumpido.