El diputado de Unidos, José Corral, respaldó en una entrevista con CyD Litoral el proyecto que el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura el próximo jueves 26. La iniciativa busca reformar el Código Procesal Laboral para reducir la litigiosidad, una problemática que, según Corral, genera asimetrías de costos con Córdoba y afecta gravemente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas santafesinas.
El inicio legislativo y las prioridades de la gestión Pullaro
La Legislatura de Santa Fe dio inicio a su período ordinario con una agenda de marcado perfil productivo, un hecho que, para el diputado José Corral, representa un «signo de los tiempos» al adelantar su trabajo a la previa del ciclo lectivo. En diálogo con el medio, el legislador vinculó esta dinámica con la impronta de la gestión de Maximiliano Pullaro, quien se encuentra «enfocado en las prioridades que la ciudadanía le encomendó».
Corral destacó como ejes transversales la seguridad, la educación y la obra pública, áreas donde el oficialismo busca consolidar resultados. En este marco, subrayó que la provincia transita los dos años con menores índices de violencia y resaltó los avances en el sistema educativo santafesino, con la proyección de superar en 2025 los 180 días de clase, un hito que, a su entender, no se alcanzaba desde hacía largo tiempo. Asimismo, el referente de Unidos ponderó el «gran esfuerzo» realizado por los jubilados, al tiempo que celebró «medidas que buscan dar sostenibilidad al sistema».
La litigiosidad laboral, un freno para las Pymes santafesinas
El corazón de la agenda legislativa próxima será el debate por la reforma del Código Procesal Laboral, cuyo proyecto el Ejecutivo enviará a la Legislatura el próximo jueves 26. Para el diputado Corral, el objetivo primordial es «bajar la litigiosidad», ya que los elevados costos no salariales del empleo, en lugar de traducirse en mejores remuneraciones, terminan asfixiando la capacidad de contratación de las Pymes locales.
La propuesta busca modificar las reglas procesales para que la instancia judicial se convierta en una excepción. Corral puso el acento en las enfermedades profesionales, donde se observa una disparidad recurrente entre los dictámenes de las comisiones médicas y las posteriores revisiones judiciales, generando una incertidumbre que impacta directamente en el sector productivo santafesino.
Una de las definiciones más contundentes de la entrevista fue la comparación con la provincia mediterránea: «Tenemos el doble de juicios que Córdoba», sentenció el legislador. Explicó que esta situación obliga a las Pymes locales a pagar un 15% más de alícuota de ART, una brecha que resta competitividad a la economía regional y desalienta la inversión. Para dimensionar el impacto, Corral aportó una cifra alarmante: «En Santa Fe, la estimación es que gastamos unos 100 millones de dólares adicionales por año debido a esta litigiosidad». Ese capital, lamentó el diputado, debería destinarse a la inversión productiva o a la mejora de los salarios.
La clave de los peritos judiciales y su rol imparcial
Un punto crítico de la reforma que impulsa el Ejecutivo es el esquema de los peritos judiciales. Actualmente, estos profesionales perciben un porcentaje de la sentencia, lo que Corral calificó de «incentivo distorsivo». El proyecto propone que el trabajo pericial no tenga relación con el resultado económico del juicio, buscando garantizar mayor objetividad y previsibilidad en los procesos.
La iniciativa busca consolidar un cuerpo profesional de peritos dentro del Poder Judicial. «No deben ser elegidos por las partes, sino ser empleados judiciales con criterios unificados», explicó Corral, quien detalló que este cuerpo especializado actuaría en primera instancia para determinar si se justifica la apertura del proceso, con el objetivo de evitar conflictos innecesarios.
Mirada sobre la reforma laboral nacional y el contexto macroeconómico
En paralelo al debate provincial, Corral también fijó posición sobre la Reforma Laboral a nivel nacional. Se mostró a favor de actualizar una legislación que considera «vetusta» frente a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de organizar el trabajo. Para el legislador, es imperativo adaptar las normas a la realidad del siglo XXI para fomentar el empleo genuino.
No obstante, el diputado de Unidos marcó matices importantes. Advirtió que, si bien la actualización es necesaria, «hay debates para dar» y ciertos puntos deberían ser modificados para no vulnerar los derechos de los trabajadores. Según su mirada, la reforma debe ser una herramienta de progreso que equilibre la seguridad jurídica con la protección social.
Finalmente, ubicó la discusión dentro del complejo escenario macroeconómico nacional. Sostuvo que, si bien Santa Fe tiene condiciones productivas excepcionales para liderar el crecimiento, requiere de un contexto de estabilidad y de reglas claras que no castiguen a quienes apuestan por la generación de riqueza y empleo genuino en la región.