Una investigación por usurpación y hurto, que culminó con un millonario hallazgo en un allanamiento en la ciudad de Santa Fe en septiembre de 2023, derivó en una causa federal por delitos económicos y concluyó con una suspensión de juicio a prueba para la acusada.
El allanamiento en la zona portuaria
El 12 de septiembre de 2023, agentes de la entonces Agencia de Investigación Criminal (hoy Policía de Investigaciones – PDI) allanaron un departamento en la zona portuaria de la ciudad de Santa Fe. El procedimiento, solicitado en el marco de una causa por usurpación y hurto, destapó una presunta cueva financiera. En el lugar se secuestraron 45 millones de pesos argentinos, 83 mil dólares, 22 mil euros, 23 mil reales y 39 tarjetas de débito. Este hallazgo dio origen a una causa federal por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, entre otros delitos económicos, que involucra a Ángel Yamil Benavídez y a otras cuatro personas.
La causa por usurpación y hurto
La investigación inicial, tramitada en la justicia penal ordinaria, estuvo a cargo del fiscal Arturo Haidar. Carina S. fue imputada por los delitos de «usurpación por despojo de la tenencia» y «hurto», tras la denuncia de un ciudadano chileno. El denunciante había alquilado el departamento en febrero de 2022 y, tras un acuerdo verbal para extender su estadía, al regresar de un viaje laboral en marzo de 2023 se encontró con la cerradura cambiada. La propietaria alegó la falta de pago de dos meses de alquiler.
La conciliación fallida y la orden de allanamiento
Tras una instancia de conciliación fallida en el Área de Solución Pacífica de Conflictos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el fiscal Haidar solicitó la orden de allanamiento. El objetivo era recuperar las pertenencias del inquilino, que incluían desde electrodomésticos hasta ropa de cama. El fiscal, al desconocer que el inmueble había sido realquilado, autorizó el procedimiento que derivó en el hallazgo de la presunta cueva financiera.
Suspensión de juicio a prueba
El 15 de septiembre de 2025, el juez Lisandro Aguirre concedió la suspensión de juicio a prueba (probation) a Carina S., representada por el abogado Esteban Yossen. La mujer restituyó varios artículos al denunciante y se comprometió a una reparación económica. Durante un año, deberá cumplir normas de conducta, incluyendo fijar domicilio, no contactar al denunciante y someterse al control de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria. La causa federal por delitos económicos continúa su curso.