El empresario farmacéutico Hugo Sigman prestará declaración indagatoria este jueves ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Ariel Lijo, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de vacunas contra el Covid-19 durante la emergencia sanitaria. La audiencia se llevará a cabo mediante videoconferencia, dado que el titular del Grupo Insud reside actualmente en España, y se concreta tras tres postergaciones previas en el cronograma judicial.
El objeto de la investigación
La citación de Sigman se produce a partir de un requerimiento impulsado por el fiscal federal Carlos Stornelli. El expediente busca determinar si funcionarios de la administración de Alberto Fernández demoraron de forma deliberada las negociaciones con el laboratorio Pfizer para favorecer acuerdos con otros proveedores, entre los que se destacan AstraZeneca, el consorcio ruso de la Sputnik V y la firma china Sinopharm.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que la falta de avances en las tratativas con la empresa estadounidense, iniciadas formalmente en julio de 2020, pudo haber reducido la disponibilidad de dosis en las etapas iniciales de la campaña de vacunación. Según el dictamen fiscal, los contratos con los proveedores alternativos se suscribieron entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, registrándose entregas significativas recién a partir del segundo trimestre de este último año.
Calificación legal y sospechas de connivencia
La Justicia analiza si las decisiones adoptadas por el Ministerio de Salud de la Nación respondieron a criterios estrictos de salud pública o si, por el contrario, mediaron intereses particulares vinculados a empresas con participación en la cadena de producción local. Bajo esta línea, la fiscalía evalúa la posible comisión de delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
El expediente no se limita al empresario farmacéutico, sino que alcanza a un espectro de exfuncionarios y representantes del sector privado. Entre los nombres citados figura la exministra de Salud, Carla Vizzotti, en una investigación que pretende desentrañar el entramado de decisiones administrativas tomadas durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la pandemia de SARS-CoV-2.
Vínculos con la producción local y registros oficiales
Un punto clave en el análisis de la magistratura es la participación de firmas vinculadas a Sigman en la producción de los principios activos de las vacunas. Documentación oficial del Gobierno Nacional acredita reuniones en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada entre el entonces Presidente de la Nación, directivos de AstraZeneca y el propio Sigman, en representación de la biotecnológica mAbxience, durante agosto de 2020 y enero de 2021.
La documentación aportada por la ANMAT también forma parte del acervo probatorio, detallando las autorizaciones de emergencia y los estudios clínicos realizados en el país. Según informes del periodo, una parte sustancial de las dosis de AstraZeneca distribuidas en territorio nacional contenían el principio activo elaborado en las plantas asociadas al Grupo Insud en Argentina.
Defensa y continuidad del proceso judicial
Ante las imputaciones vertidas por la fiscalía, la defensa técnica de Hugo Sigman adelantó que presentará un escrito detallado ante el juez Lijo. El representante legal del empresario manifestó que refutan en su totalidad los argumentos del fiscal Stornelli y solicitarán el sobreseimiento del imputado, argumentando la inexistencia de irregularidades en su intervención comercial y técnica.
Con la declaración de Sigman, el Juzgado prevé cerrar el ciclo de citaciones a los actores locales. No obstante, el cronograma procesal contempla futuras convocatorias para directivos y representantes de los laboratorios internacionales y los consorcios extranjeros involucrados en los contratos bajo sospecha. Cabe recordar que la instancia de indagatoria constituye un acto de defensa donde el imputado es informado de los hechos que se le atribuyen, sin que esto signifique una resolución sobre su responsabilidad penal definitiva.