lunes, agosto 24

Causa fentanilo contaminado: la ex titular de ANMAT ampliará su declaración indagatoria

La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, ampliará este lunes su declaración indagatoria ante el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo del magistrado Ernesto Kreplak. La comparecencia se da en el marco de la instrucción penal por la producción y distribución de partidas de fentanilo contaminadas con bacterias multirresistentes por parte de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., hecho que habría provocado casi un centenar de fallecimientos en distintos puntos del país.

Ampliación de la indagatoria

La ex funcionaria nacional regresa a la sede judicial tras una instancia previa en la que presentó un escrito de descargo y se abstuvo de responder el interrogatorio de la fiscalía y el juez. En esta oportunidad, la Justicia busca profundizar sobre las presuntas responsabilidades administrativas y penales relacionadas con la falta de fiscalización de los procesos productivos en las plantas farmacéuticas involucradas. La declaración se produce en una etapa clave del proceso, mientras se analiza el flujo de información interna de los organismos de control y la cadena de decisiones que permitieron la circulación de los fármacos.

Los lotes contaminados y el impacto sanitario

De acuerdo con las constancias que obran en el expediente, la investigación tiene como núcleo central la fabricación de fentanilo que resultó afectado por los agentes patógenos Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Los peritajes técnicos incorporados a la causa identificaron las partidas críticas bajo los números de lote 31.202 y 31.244, las cuales fueron distribuidas en diversos hospitales públicos y clínicas privadas durante el inicio de 2025. Las autoridades judiciales intentan determinar la trazabilidad completa de estas unidades, desde su salida de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. el 18 de diciembre de 2024 hasta su administración a los pacientes.

Fallas en el control estatal

Uno de los ejes probatorios más sólidos de la pesquisa refiere a las inspecciones previas realizadas por la ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Según los informes de auditoría secuestrados, los inspectores habían detectado «fallas críticas» en las condiciones de esterilidad y en los protocolos de fabricación de ambas plantas con anterioridad a la producción de los lotes contaminados. Sin embargo, la instrucción fiscal señala que no se adoptaron medidas preventivas eficaces, como el cierre preventivo de las instalaciones o la suspensión de las líneas de producción, lo que permitió que los laboratorios continuaran operando y distribuyendo los medicamentos cuestionados.

La situación procesal de los imputados

Nélida Bisio llega a esta instancia en libertad tras haber cumplimentado una caución real de 75 millones de pesos, misma medida que fue impuesta a Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del INAME. Ambas ex funcionarias fueron señaladas por los investigadores como piezas clave en una estructura que habría omitido controles fundamentales. La causa, caratulada bajo la figura de criminalidad compleja, también mantiene bajo investigación al empresario Ariel García Furfaro, sindicado como el titular del conglomerado empresarial HLB Pharma y Ramallo S.A., junto a otros integrantes de su núcleo familiar y colaboradores vinculados a la gestión de las compañías.

Avance de la instrucción penal

La Justicia Federal de La Plata trabaja actualmente en la reconstrucción minuciosa del recorrido de los fármacos y en la determinación de si existió un dolo eventual o una negligencia criminal en la cadena de mandos de los organismos de regulación sanitaria. Los próximos pasos procesales incluirán el análisis de nuevos peritajes microbiológicos y la evaluación del testimonio de Bisio en contraste con la documentación técnica reservada en el expediente. Se busca establecer si la circulación de los lotes fue consecuencia directa de las omisiones en las funciones de policía sanitaria que debían ejercer las imputadas sobre el denominado «clan García Furfaro».