El diputado provincial del bloque justicialista Walter Agosto presentó un pedido de informes en la Cámara baja de Santa Fe para conocer en detalle las cifras de los déficits previsionales correspondientes a los años 2024, 2025 y el período comprendido entre enero y agosto de 2026, en un contexto marcado por el inminente vencimiento de la emergencia para el sector.
El impacto de la emergencia previsional
La iniciativa parlamentaria apunta a recuperar información oficial sobre la situación y evolución del sistema previsional provincial, una serie histórica que la Caja de Jubilaciones y Pensiones venía exponiendo con regularidad desde el año 2003 pero que dejó de actualizarse a partir de diciembre de 2023. Para el legislador, contar nuevamente con estos datos resulta indispensable para analizar la situación financiera y presupuestaria del organismo provincial.
El pedido coincide temporalmente con la vigencia de la Ley N.º 14.283, sancionada el 12 de septiembre de 2024 por la Legislatura santafesina, la cual declaró la emergencia del régimen previsional para empleados públicos y funcionarios por el término de dos años, con la posibilidad de una prórroga por un año más a solicitud del Poder Ejecutivo. Aquella normativa introdujo modificaciones sustanciales, tales como aportes solidarios obligatorios, cambios en las escalas de cotización del personal activo, nuevas fórmulas de cálculo y movilidad de haberes, ajustes en los requisitos de edad y servicios, y la creación de una Comisión Técnica de Control y Seguimiento.
En diálogo con El Litoral, Agosto subrayó que disponer de información actualizada permitirá evaluar los resultados concretos de las medidas adoptadas y dimensionar la verdadera situación del sistema ante el fin del plazo original de la emergencia.
Sostenibilidad fiscal y cuentas públicas
De acuerdo con el análisis del legislador, conocer el déficit anual permite medir con precisión la brecha existente entre los recursos y los gastos previsionales, los cuales deben ser asistidos mediante fondos generales de la Provincia. Al respecto, indicó que relacionar este rojo con los ingresos y egresos del sistema demuestra el grado de sustentabilidad con recursos propios, mientras que su comparación con el Presupuesto Provincial refleja el peso real que el déficit ejerce sobre las cuentas públicas.
Asimismo, estos indicadores oficiales funcionan como un insumo estratégico para evaluar la sostenibilidad fiscal y anticipar las necesidades de financiamiento de Santa Fe, permitiendo verificar la incidencia real que tuvieron los aportes solidarios y las nuevas escalas contributivas en la reducción de la brecha financiera.
Relación activo-pasivo y capacidad de respuesta
El pedido de informes impulsado en la Legislatura de Santa Fe también repara en la tasa de sostenimiento o relación activo-pasivo, un indicador clave que determina cuántos aportantes activos existen por cada beneficiario pasivo dentro del régimen de reparto. Su seguimiento permite advertir la evolución de la carga laboral y previsional, evaluar políticas de empleo y medir el impacto directo de las modificaciones en las condiciones jubilatorias dispuestas por la Ley N.º 14.283.
Por último, el proyecto solicita precisiones sobre la cantidad de resoluciones firmadas por año y el volumen de expedientes en trámite, métricas fundamentales para constatar la eficiencia operativa de la Caja de Jubilaciones y detectar posibles demoras en el otorgamiento de beneficios. Esta preocupación cobra especial relevancia debido a que la normativa de emergencia estableció un plazo perentorio de 90 días hábiles para resolver los expedientes acumulados e implementó un nuevo procedimiento administrativo para los futuros trámites.