El gobierno de la provincia de Santa Fe aprobó el protocolo para el uso de sistemas de videovigilancia en espacios públicos, una herramienta clave que contempla la integración de un Comité de Ética y Supervisión de carácter consultivo y ad honorem. La medida busca dar un marco normativo y seguro de cara a la implementación del sistema Lince, prevista para antes de fin de año en la capital provincial y sus alrededores.
El decreto y la llegada del sistema Lince
La decisión quedó formalizada a través del decreto N° 2397, que lleva la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, junto con el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. El texto reglamentario está acompañado por un anexo de 41 puntos que detalla la gestión tecnológica y el manejo de datos del sistema, el cual operará bajo estrictas normativas de protección de la privacidad en la vía pública.
El protocolo fue elaborado de manera conjunta por ambas carteras provinciales con el objetivo principal de dotar de un marco de trabajo seguro al software Lince. Esta tecnología, además, cumple con los estándares exigidos por la Unión Europea, entidad supranacional bajo cuya normativa opera el programa. En cuanto a su operatividad, el decreto estipula que el sistema funcionará exclusivamente a requerimiento del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Creación del Comité de Ética y Control
A los fines de garantizar una supervisión y auditoría permanente, la normativa crea el Comité de Ética y Supervisión de los Sistemas de Videovigilancia, un órgano consultivo cuyos integrantes desempeñarán funciones de manera ad honorem.
Para conformar este espacio de control, el Ejecutivo provincial cursó invitaciones a la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a la Defensoría Provincial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, a las universidades nacionales con sede en la provincia y al organismo competente en materia de protección de datos personales y transparencia pública.
Inteligencia artificial y resguardo de derechos
Los fundamentos del decreto destacan que la incorporación de tecnología con motores de inteligencia artificial permite procesar grandes volúmenes de datos de forma automática y en tiempo real. Esta capacidad robustece las tareas de seguridad pública, investigación y prevención del delito en el territorio santafesino.
Sin embargo, desde el Ejecutivo señalaron que esta innovación tecnológica exige recaudos estrictos para tutelar los derechos fundamentales, la transparencia y la confianza ciudadana. Por este motivo, se diseñó un esquema de gobernanza destinado a asegurar un uso responsable y proporcionado, en estricta armonía con el Estado de derecho.
Límites procesales y marco jurídico
El nuevo protocolo se alinea con las disposiciones de la Ley N° 14246 —que creó el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito— y con los lineamientos del Código Procesal Penal. Estas normativas fijan las pautas a las que deben ajustarse la Policía de Investigaciones (PDI) y el MPA en materia de investigación penal, flagrancia y allanamientos sin orden judicial.
De esta manera, el instrumento establece los circuitos operativos para el uso de videovigilancia con inteligencia artificial en la provincia, persiguiendo un doble propósito: proveer a las fuerzas de seguridad de herramientas lícitas para la investigación criminal y garantizar que su empleo se ajuste rigurosamente a la Constitución y a las leyes vigentes, logrando un equilibrio entre la seguridad pública, la innovación tecnológica y la protección de los derechos ciudadanos.